J. V. R. MÁLAGA
Todo el mundo coincide en que el principal obstáculo para la recuperación del sector inmobiliario pasa por dar salida a esas ya famosas 30.000 viviendas en ´stock´ que la provincia de Málaga mantiene sin vender tras la fiebre constructora de estos pasados años. El último intento por impulsar la comercialización de este parque inmobiliario que actúa como lastre del sector es un plan de la Junta de Andalucía en el que, según los datos de la Consejería de Vivienda, los constructores ya han apuntado unas 13.500, el 19% del total andaluz, aunque la ACP de Málaga, con más de 500 promotores y constructores asociados, se muestra escéptica ante la posibilidad de que la iniciativa resulte efectiva.
Los planes de la Junta pasan por que, una vez realizada la captación de esta oferta, el plan se ponga en marcha a principios de 2010 y que todos los ciudadanos interesados en adquirir estos pisos puedan acceder a los mismos con una rebaja media en el precio de venta del 20% –lo que los dejaría a precio de hipoteca concedida al promotor y no se necesitaría dar una entrada– y la concesión de un préstamo reintegrable al adquirente.
La Consejería, a través de su titular, Juan Espadas, ha afirmado que el objetivo es "contribuir a facilitar el acceso de las familias a una vivienda en condiciones ventajosas" y, de paso, "reactivar al sector de la construcción y, con ello, el empleo en Andalucía". Para la concesión de los citados préstamos, la Junta ultima un instrumento financiero específico que contará con 1.000 millones de euros para préstamos personales complementarios y reintegrables a los que compren una de estas viviendas, ya sea directamente a promotores o a entidades financieras. La fecha límite para acceder a esos créditos será el 31 de diciembre de 2010.
Tres años de carencia. La idea de la Consejería es que el plan permita descender así la cuota hipotecaria, durante los ocho primeros años del préstamo, hasta en un 40%, y que el importe de las ayudas oscile entre 9.000 y 15.000 euros, en función del perfil del comprador (puede ser superior para segmentos como jóvenes, discapacitados y familias con renta baja). El precio máximo de las viviendas acogidas a este plan debe ser de 245.000 euros.
Los compradores que se acojan a esta iniciativa accederán a un préstamo hipotecario a 30 años. Los tres primeros años serán de carencia, en los que únicamente se abonarán los intereses, y en los cinco siguientes la Junta de Andalucía se hará cargo del pago de una parte de la cuota mensual de la hipoteca.
Claro está que para el plan tenga éxito se necesita la implicación de unas entidades financieras –bancos y cajas– que tendrán que estar dispuestas a conceder las hipotecas, aunque el cliente venga avalado por la Junta. El presidente de la ACP, José Prado, junto a la andaluza Fadeco, mantendrá un encuentro con la Consejería en próximas fechas para conocer el plan de primera mano.
