El lugar: el salón Alcalá del Hotel Sanvy NH de Madrid. La hora: las cinco de la tarde. La fecha: el 10 de febrero. Éstas son las coordenadas básicas de una reunión en la que participaron 24 abogados defensores del ´caso Malaya´ con el objetivo de planificar una estrategia común que consiga retrasar el juicio más allá del 15 de octubre de 2012, lo que choca frontalmente con los intereses de la Audiencia Provincial, que pretendía empezar en esta primavera. Es decir, los letrados quieren retrasar la vista más de dos años.

El encuentro fue auspiciado por Andrés Liétor, un empresario procesado en el ´caso Malaya´. Éste remitió a la mayor parte de los letrados (hay 96) un escrito, fechado el 26 de enero, en el que aseguraba estar tratando de coordinar una reunión de los abogados defensores para establecer "una estrategia defensiva más o menos común". El interés de la misma sería "dilatar al máximo la celebración del juicio, ya que, de lo contrario, y dada la evidente politización del caso, es más que probable que finalice con una dura condena para todos, y antes de las elecciones municipales de la primavera de 2011". Dice contar con el apoyo de ocho procesados y, en breve, podrían sumarse otros cuatro (a la reunión fueron 24 juristas).

El propio Liétor reconoció a La Opinión de Málaga la existencia del encuentro, al que según él mismo expuso asistieron 24 letrados, cuyas conclusiones no son públicas ya que a todos les exigieron la máxima confidencialidad. "No es una estrategia de defensa común, sino que tratamos de aunar esfuerzos en relación a las cuestiones procesales que nos han causado indudable indefensión", dijo.

Sin embargo, la realidad parece ser otra: en la raíz del encuentro estaría el debate de un documento minuciosamente elaborado con el fin de ´empantanar´ el juicio y propiciar condenas menos duras para el considerado mayor caso de corrupción política y urbanística de la historia de España.

Junto a la anterior misiva, remitida por correo electrónico a finales de enero a los letrados –a la mayor parte de ellos, como él mismo dice en el mensaje–, Liétor envía el citado escrito, titulado ´Reflexiones sobre el futuro inmediato del procedimiento Malaya´, compuesto por seis páginas. En él, explica sin más que "la Junta de Andalucía tiene especial interés en que la celebración del juicio oral de ´Malaya´ se produzca cuanto antes, a fin de que haya una sentencia ejemplarizante para los acusados, que pueda hacerse pública en los inicios de la campaña electoral de las próximas elecciones municipales o autonómicas, cuya votación se prevé para mediados de 2011". Así, asegura que la vista podría durar seis meses. "Siempre es posible retrasar la publicación de la sentencia hasta la fecha más propicia para su rentabilidad política", añade el empresario.

"En el supuesto de que se retrasara mucho el inicio de las sesiones, ello daría al traste con los propósitos políticos", apunta.

En la convocatoria de la reunión, Liétor aseguraba que el ´caso Malaya´ le ha conducido a la ruina. Sin embargo, según publicó este periódico, el dinero supuestamente blanqueado por los principales testaferros de Juan Antonio Roca supera los 670 millones de euros; y el perjuicio patrimonial del Ayuntamiento de Marbella deberá ser establecido en sentencia debido a la dificultad de su cálculo.

La estrategia parece estar clara: en el escrito se quería transmitir al resto de defensas que "con una sentencia ejemplarizante, el PSOE, que gobierna Andalucía desde hace 31 años, se promocionaría en la campaña electoral, como si él fuera el gran adalid de la lucha contra la corrupción urbanística y municipal, no ya sólo de Andalucía, sino de toda España". Augura además una gran campaña mediática a raíz del fallo, que "capitalizaría en plena campaña electoral, pretendiendo obtener con ello varios cientos de miles de votos, que les reafirmarían otros cuatro años más en el poder".

Asegura que las previsiones hablaban de un año de duración del plenario, pero dado el excelente resultado alcanzado durante las vistas de apelación a los autos de procesamientos del caso, "se comprobó que las sesiones del juicio pueden ir mucho más rápidas de lo previsto". En este sentido, destaca que podría reducirse el periodo de sesiones a 90, con lo que la vista duraría tres meses y medio. Así, estima que el plenario, según la pretensión de la Audiencia, podría iniciarse en enero de 2011.

"Estrategia aberrante". Para llevar a cabo su plan, se les dibujó un complejo análisis procesal de todos los pasos que quedan hasta que se abra el plenario y cómo podría ralentizarse el juicio con argucias legales. De hecho, él mismo califica de "aberrantes" sus tejemanejes jurídicos, pero apostilla que lo que sí merece este calificativo "es que este irregular procedimiento mastodóntico e incomprensible haya llegado hasta este estado, con la aquiescencia de la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y todo ello con los oídos sordos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

En este punto señala literalmente: "Llegar a las elecciones municipales y autonómicas de 2011 sin haber celebrado el juicio daría al traste con lo que pretenden el PSOE y la Junta de Andalucía: obtener en el momento más oportuno una sentencia de ´Malaya´ ejemplarizante".

Baraja incluso como otra posibilidad que el cese en funciones de Óscar Pérez, instructor del caso, les beneficie en su plan. Su marcha será realidad el 9 de marzo de 2010. Con ello, "otro instructor habría de continuar con la instrucción de la causa –con el retraso que ello podría suponer al no tener el nuevo juez conocimiento de la misma–".

Asevera que este itinerario tendrá toda "la oposición de la Audiencia Provincial (con su presidente a la cabeza), y sólo será el empeño de las defensas y la batalla que éstas vayan planteando lo que hará que no se lleven a cabo el juicio ni la sentencia antes de las elecciones de junio de 2011".

El escrito trata de sumar la voluntad de todas las defensas del caso para retrasar lo máximo posible el juicio, ya que temen que se repita la agilidad procesal que ha imprimido la Audiencia en las vistas de los recursos de apelación.