No hay peor moroso que la administración pública. Los plazos de las instituciones para pagar a sus proveedores pueden estirarse como el chicle sin que nadie les fuerce a realizar el desembolso, y sus bienes son, por su propia naturaleza pública, inembargables para el valiente acreedor que se atreva a embarcarse en un juicio. Por si fuera poco, y según comentan en el sector de la abogacía, ninguna firma proveedora se atreve a buscarle las cosquillas a una institución llevándola ante la Justicia por aquello de si no le vuelven a dar más contratos.

Ésta es la sombría sensación que podía percibirse ayer en la jornada ´Cómo cobrar a la administración... y no morir en el intento´, un foro organizado por la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y por el despacho de abogados de Gómez Acebo&Pombo, que trataron de ofrecer vías alternativas de solución a un problema nada baladí: la deuda de los ayuntamientos malagueños con sus proveedores se mueve entre los 350 y los 400 millones de euros, y los plazos medios de demora en el pago superan ya los doce meses (en concreto, 370 días). Es, además, un problema generalizado: el 40 por ciento de las 100.000 empresas, pymes y autónomos de la provincia tiene entre sus negocios los servicios a las administraciones.

"Nuestras empresas locales están ahora mismo soportando una situación que empieza a ser insostenible y muy complicada", dijo De Lara, que afirma que las administraciones, principalmente los ayuntamientos, han entrado en la dinámica de pagar "tarde, mal y nunca".

De Lara no se cortó a la hora de citar ejemplos y nombró a varios ayuntamientos del litoral –Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Estepona o Vélez-Málaga– como los que más problemas están presentando, al ser de los que más han notado el bajón de los ingresos por la caída de las licencias urbanísticas, que hasta antes de la crisis habían supuesto la mayor parte de sus ingresos. De todas formas, el responsable de la CEM señaló que los problemas de morosidad con las empresas también atañen organismo de la Junta como el SAS.

Por su parte, los abogados de Gómez-Acebo&Pombo José Luis Palma y Alejandro Hernández del Castillo destacaron que el problema de la morosidad es más gravoso en el caso de las pequeñas empresas, ya que el retrasos en cobrar su servicios puede suponer "la muerte civil de la empresa".

Ley poco eficaz. El Congreso ya aprobó el inicio de una reforma legal que fijará en 30 días el plazo máximo del pago a proveedores –cobro exprés–, que actualmente se sitúa en 60 días. Empresarios y abogados se muestran escépticos sobre su eficacia al entender que de poco sirve bajar el plazo si en la práctica la ley no se aplica y la morosidad supera los 12 meses. "Los cumplimientos en el pago se hacen con tal demora que parecen más cercanos al incumplimiento", lamentaron los letrados, que reclamaron una reforma profunda del sistema de financiación local.

El desplome del sector inmobiliario ha dejado "tambaleante" la economía de los ayuntamientos, haciendo imposible que hagan frente a los pagos.

Tanto la CEM como el despacho de abogados reconoció que el problema se ha disparado por la "extrema" restricción del crédito a las empresas por parte de las entidades financieras. "Pedimos seguir impulsando instrumentos de apoyo financiero, ya que el acceso a una financiación alternativa está muy restringida; estimular fiscalmente la actividad, reforzar la seguridad jurídica, agilizar la simplificación de trámites, promover la iniciativa emprendedora y adoptar medidas en el ámbito sociolaboral", dijeron. A su juicio, la administraciones tendrán que reducir los costes de funcionamiento y optimizar sus propios recursos agilizando los pagos a las empresas.