Tribunales

El CGPJ se opone a votar una ponencia que daba la razón a los jueces en la ´guerra del parking´

La propuesta declaraba "válidos" los acuerdos por los que los togados se atribuían en exclusiva las plazas

 07:48  
Aparcamientos. El parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia es el oscuro objeto de deseo.
Aparcamientos. El parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia es el oscuro objeto de deseo.  G. Torres

josé antonio sau. Málaga El presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, y el antiguo juez decano, Manuel Caballero Bonald, acordaron el 8 de julio de 2009 que las más de 160 plazas del parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia debían ser usadas, en exclusiva, por los magistrados y fiscales debido a motivos de seguridad. La Junta, por otro lado, preconizaba que pudieran estacionar allí también los funcionarios, ocupando las plazas según el orden de llegada.
Pero el 6 de octubre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaró que esos acuerdos "no se ajustan a la legalidad", dado que excedían las competencias atribuidas a los órganos de gobierno de los jueces en el funcionamiento de los edificios judiciales. Es decir, se avalaron las tesis autonómicas.
Las asociaciones profesionales recurrieron la decisión ante el máximo órgano de gobierno de los jueces y, según pudo confirmar La Opinión de Málaga, en el pleno del pasado 22 de abril se incluyó en el orden del día una propuesta de resolución, elaborada por la vocal Concepción Espejel Jorquera, que dejaba sin efecto la decisión del consejo y declaraba "válidos y ejecutivos" los acuerdos del presidente de la Audiencia y del juez decano. Toda una carga de profundidad para los intereses de los togados, que ven como una injerencia las políticas autonómicas en relación al gran edificio judicial de Málaga.
Sin embargo, este periódico ha tenido acceso a las reflexiones escritas por una magistrada sobre lo ocurrido en el pleno del día 22. En el documento, se explica que Manuel Torres Vela, vocal del consejo, propuso "que dicha cuestión se retirara del orden del día y se pospusiera para otro pleno posterior". Explica esta magistrada, alto cargo de una asociación profesional, que doce vocales apoyaron esta iniciativa del ex presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, mientras que otros nueve, entre ellos la ponente, se opusieron.
Esta miembro de la judicatura hace referencia a "la dilación con la que se ha efectuado el señalamiento para resolver dicho recurso –habría que tenerlo en cuenta cuando a jueces y magistrados se nos exige que no se retrasen los señalamientos de los juicios–".
El argumento, según expone en ese documento remitido a todos sus compañeros, alegado por Torres Vela es el siguiente: "Se había venido alegando que lo conveniente sería que los órganos de gobierno judiciales alcancen un acuerdo o pacto con el órgano de gobierno autonómico sobre el uso del edificio judicial". Es decir, que la potestad del decano y del presidente de la Audiencia, avalada, explica la magistrada, por sentencias del Supremo y el pleno del consejo, "se sustrae, en Andalucía, del ámbito judicial, para someterse a las autoridades autonómicas".
"Se pretende que los jueces entremos en la tan conocida tendencia del mercadeo y regateo", indica. Por tanto, llama a los miembros de la asociaciones que recurrieron la decisión del consejo, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la centrista Francisco de Vitoria, a obviar al máximo órgano de gobierno nacional de los jueces y, "visto su proceder", a interponer sendos recursos ante la Sala III del Tribunal Supremo. "Que no cedan a la tentación de caer en el pasteleo que se pretende", aclara.
La propuesta de la ponente era claramente favorable a los intereses de los jueces: "Propuesta de resolución [...] declarando nulo de pleno derecho el acuerdo de la comisión permanente de 6 de octubre de 2006 y reponiendo con todos sus efectos favorables los acuerdos del presidente de la Audiencia y del decano de Málaga, declarando ambos válidos y ejecutivos". Se da la circunstancia de que Manuel Torres Vela, cuya oposición a votar la ponencia logró el apoyo de once vocales, pertenece a la asociación Francisco de Vitoria, uno de los colectivos, junto a la APM, que recurrió la decisión del consejo.

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