Las inmobiliarias y los propietarios no son las únicas víctimas de la caída del suelo rústico. La inestabilidad jurídica y financiera también ha pasado factura a los municipios, que han perdido los ingresos derivados de los asentamientos de los compradores e, incluso, de colonias. Según explica Cristóbal Fernández, especialista de la sociedad Tasa, la llegada de los nuevos propietarios suponía jornales de trabajo y beneficios relacionados con su perfil, asociado, en su mayoría, a jubilados de alto poder adquisitivo. La legislación ha frenado ese movimiento, pero Fernández no cree en reduccionismos.

Sostiene que la ley era necesaria para controlar los excesos, que, en muchos casos, llegaban, incluso, a aprovechar la licencia para construir una caseta de aperos para levantar grandes chalés. «El problema está en que se trata de tierras improductivas y la única manera de generar riqueza es a través del turismo sostenible, pero para eso hay que levantar un poco la mano», señala.

El especialista aboga por permisos especiales que habiliten la construcción a cambio de determinadas obligaciones relacionadas con el mantenimiento del entorno. «Pongo el ejemplo de establecer permisos con el compromiso de repoblar los alrededores con especies autóctonas». Para Fernández, la salida está en abrir nuevos negocios ligados al turismo de interior, cuyo reclamo se subordina, especialmente, al mantenimiento del paisaje y la fauna. «De lo contrario, será difícil porque son localidades sin terreros fértiles», apuntala.