La que fuera alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, se enfrenta mañana a una petición fiscal de nueve meses de inhabilitación para empleo y cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir delitos en una causa de supuesta sustracción de atestados de tráfico en la Policía local.
El juicio está previsto que comience mañana en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados también estarán sentados cuatro agentes locales, entre ellos el exjefe de la Policía Local, Rafael del Pozo.
Marisol Yagüe y Rafael del Pozo también están imputados en el caso Malaya, la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España y que actualmente se está juzgado en la Audiencia Provincial de Málaga.
El exjefe de la Policía Local se enfrenta a tres años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 13.500 euros por un delito continuado de omisión del deber de perseguir delito en concurso con otro, también continuado, de infidelidad en custodia de documentos.
Este caso fue instruido en el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella y se investigó la desaparición de tres diligencias completas que supuestamente se retrajeron de la acción judicial por parte del inspector Francisco Javier Martín, responsable directo del área de atestados, en marzo de 2006, el mismo día en el que se registró la Jefatura de la Policía Local de Marbella por el "Caso Malaya".
El inicio de la causa judicial tiene su origen en una comparecencia en los juzgados de un agente de la Policía Local de Marbella al que Martín habría supuestamente entregado una documentación en un sobre cerrado el día del registro de la Jefatura por el "Caso Malaya".
Dicha comparecencia se produjo después de que el agente, en el momento en que tuvo constancia del contenido del sobre, lo pusiera en conocimiento de sus superiores, que comprobaron que las diligencias contenidas en el mismo no estaban tramitadas, por lo que dieron cuenta a la autoridad judicial ante la posible gravedad de los hechos.
Tras la instrucción del caso, el fiscal entiende que se intentó ocultar tres atestados policiales en 2004 y 2005, uno de ellos por malversación y falsificación, abierto contra un empleado del depósito municipal en mayo de 2005.
Marisol Yagüe siempre ha negado su participación en los hechos y ha descartado haber influido en la tramitación de ninguno de los expedientes.
