Varios cientos de facturas hallados «en los cajones de los diputados» del PSOE y de IU por valor de más de un millón de euros sin control presupuestario. Ésta fue la denuncia lanzada por el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación provincial, Francisco Salado, tras la Junta de Gobierno celebrada ayer. «Son facturas a proveedores por obras y servicios sin consignación presupuestaria. Un millón de euros en facturas sin contabilizar en los cajones de los diputados del anterior equipo de gobierno de PSOE e IU», censuró.
Y una cifra a añadir a la deuda de 300 millones que ya pesa sobre las espaldas del organismo provincial, criticó, y un millón que se suma a los siete en facturas sin consignación presupuestaria que se reconocieron en 2010, declaró Salado. Desorden y caos económico, despilfarro, improvisación, ineficacia e ineficiencia, fueron algunos de los términos empleados por Salado para calificar la gestión del anterior gobierno provincial. El portavoz del PP no descartó además que se puedan encontrar «nuevas sorpresas», ya que aún faltan datos del estudio económico que el nuevo equipo de gobierno está realizando (como de la Sociedad de Planificación y Desarrollo Sopde, el Patronato de Recaudación o Emprovima).
Y es que por si fuera poco, afirmó, además se han cometido otras «irresponsabilidades económicas» como es tener que devolver subvenciones ante la no ejecución de proyectos pero cuyos intereses a su vez sí hay que liquidar, y puso como ejemplo los 800.000 euros de intereses de demora generados por no devolver subvenciones en concepto de ayuda para arreglar los efectos del temporal.
Salado recordó que en las cuentas de este año el ente supramunicipal ya arrastra un déficit de 18,7 millones de euros, que podría ascender a finales de 2011 a 36 millones. «La situación es complicada, con un remanente de tesorería de menos 26 millones de euros y un índice de endeudamiento del 143%», dijo.
Así, consideró ante la aprobación de subvenciones a colectivos y asociaciones por valor de 15 millones de euros que «se tendría que haber priorizado el gasto hacia las obras y las infraestructuras, que es le verdadero interés de los ciudadanos». Ante este horizonte, Salado dijo que el equipo de gobierno del PP presentará hoy el plan de austeridad del organismo provincial para intentar enmendar la situación.
La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó ayer obras en la provincia por 1,7 millones. Además, también se constituyeron las dos comisiones informativas del organismo, la de Modernización Local y la de Ciudadanía, informaron los vicepresidentes primero y tercera, Francisco Oblaré y Ana Carmen Mata, respectivamente.
En estos órganos se aprobó el inicio de los trámites para la redacción del pliego de condiciones para la explotación y gestión de la plaza de toros de Málaga, una vez que se vence el plazo y la adjudicataria ha renunciado a acogerse a la prórroga de un año. La idea es que esté adjudicada antes de final de año. También se dio vía libre a la apertura de dos expedientes para pedir a la Junta que apoye que Ronda y Antequera sean declaradas Ciudades del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Cerca de 50 aparcamientos más
El vicepresidente primero de la Diputación provincial, Francisco Oblaré, anunció ayer que la comisión informativa de Modernización Local ha dado vía libre a la eliminación del perímetro de seguridad que actualmente rodea al completo el edificio de la Diputación provincial. Así, con la supresión se podrán recuperar cerca de 50 aparcamientos. Una petición realizada tanto por vecinos como por empresarios del polígono cercano y una medida que ya está consensuada con el Ayuntamiento de Málaga que procederá a la retirada de las señales que prohíben aparcar.
