El Ayuntamiento de Málaga ha venido cobrando indebidamente en los últimos años un IVA muy superior al debido en los precios por los servicios funerarios a decenas de ciudadanos, según reconoció ayer la concejala Ana Navarro, responsable de la empresa municipal Parcemasa, que ha solicitado un informe urgente para verificar el número de afectados, la cantidad cobrada indebidamente y el tiempo que se ha estado aplicando esta irregularidad ya que el Ayuntamiento, de momento, lo desconoce.

El problema se ha descubierto recientemente con ocasión de la actualización de los precios de estos servicios, pero puede venir de años. La cuestión es que el Ayuntamiento, a través de Parcemasa, ha venido cobrado un 18% de IVA en lugar de un 8% a las tarifas por prestación de servicios funerarios cuando éstas son abonadas directamente por particulares, ya que a las aseguradoras sí puede cobrarles el 18%.

Los servicios funerarios son aquellos que hacen referencia a féretros, traslado de los mismos, alquiler de la tanatosala, flores, oficio religioso, capellán, cremación, urna o esquelas, entre otros.

El Ayuntamiento, según reconoció la concejala, desconoce a cuánto puede alcanzar la cantidad cobrada indebidamente, así como el número de afectados y el tiempo que se ha estado cobrando.

Este cobro superior al debido se puede remontar en cuanto a tiempo a 1986, que es cuando se comenzó a aplicar el IVA. En cuanto al número de afectados, fuentes de la empresa explicaron que la media sería de unos 200 casos al año, ya que semanalmente suele haber un par de entierros pagados directamente por particulares, a los que habría que sumar los que vienen de la beneficencia. La cantidad también deberá determinarse teniendo en cuenta que el coste de este tipo de servicios funerarios oscila, según precios actuales, entre los 1.600 y los 2.000 euros. Lo más caro es la cremación, que supone cerca de 500 euros más 46 euros por reducción de cenizas; el precio de una tanatosala está entre los 190 y los 377 euros ; una urna, 60 euros; el alquiler de la sala ecuménica(iglesia), 19 euros más 90 euros del capellán, mientras el ornamento de flores puede llegar hasta los 240.

Devolución. La concejala Ana Navarro mostró ayer su preocupación por este «error» y anunció la intención del Ayuntamiento de, una vez conocidos los datos, «reclamar a Hacienda» la devolución del IVA para a su vez «devolverlo a los afectados».

Para ello, explicó Navarro, en Parcemasa están haciendo estos días «un estudio exhaustivo viendo factura por factura» para determinar el alcance de lo cobrado irregularmente y el número de personas afectadas.

Navarro añadió que además se ha pedido un informe jurídico y todo deberá estar listo a finales de esta semana ya que la intención de la concejala es convocar un consejo de administración extraordinario de Parcemasa para dar cuenta de lo ocurrido.

La oposición tacha el caso de «fallo indigno» y «grave negligencia». Los grupos de la oposición no daban ayer crédito a lo ocurrido y se preguntaban cómo es posible que esto haya venido ocurriendo durante años sin que nadie en el Ayuntamiento lo advirtiese. El concejal socialista José Sánchez Maldonado calificó el asunto de «fallo de gestión indigno» de un ayuntamiento del nivel del de Málaga y se burló de que el Consistorio haya tenido que recurrir al informe de un economista privado para constatar un error «de libro» que «cualquier gestor saber determinar». A su juicio, además de la intención de devolver el dinero mal cobrado, los responsables municipales «deberían pedir perdón a los ciudadanos por este gran fallo mantenido durante años».

Más crítico todavía fue el portavoz de IU, Pedro Moreno, quien fue el primero en advertir este fallo en el consejo de Parcemasa de diciembre pasado y «fue allí donde pedí explicaciones». Moreno criticó la «falta absoluta de información desde entonces» y cargó contra «esta grave negligencia en la gestión impropia del sexto ayuntamiento de España que además no debería acudir a pagar a un economista privado para que le diga que ha estado incumpliendo la ley».

Se trata, a su juicio, de «una falta de rigor que pone en evidencia que a pesar de los sueldos millonarios que el alcalde paga en gerentes y responsables de empresas luego pasa esto», de ahí que exigirá «explicaciones y responsabilidades políticas por este asunto».