El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha sentenciado a siete meses de prisión a un hombre que desobedeció la orden del concejal de Urbanismo de Frigiliana de suspender la ampliación de una caseta de aperos en suelo no urbanizable.
La Fiscalía de Medio Ambiente solicitó nueve meses, y cada vez está acusando a más personas que incumplen las órdenes de paralización o suspensión de construcciones sobre superficie ilegal.
El juez considera probado que A. C. H. procedió a la realización de unas obras «consistentes en la ampliación de 27 metros cuadrados de superficie de una caseta de aperos, en Frigiliana». El suelo estaba clasificado como no urbanizable y de ninguna manera era legalizable, «según la normativa urbanística en vigor del mencionado municipio».
Esas obras motivaron la apertura en la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga de unas diligencias de investigación. De este modo, se incoó expediente de disciplina urbanística y, finalmente, el 18 de enero de 2008 el concejal de Urbanismo de Frigiliana acordó suspender las obras, lo que se le notificó al acusado.
«Sin embargo el acusado, menospreciando el principio de autoridad, hizo caso omiso a la decisión de la paralización referida y continuó las obras aludidas», asegura el magistrado.
Ello fue comprobado el 27 de marzo de 2007 por agentes de la Guardia Civil, «quienes verificaron que los trabajos se encontraban en estado de ejecución».
Lo mismo ocurrió el 16 de diciembre de 2008 tras una inspección realizada por la Policía Local, «cuando se comprobó que la construcción constaba ultimada».
El encausado fue sentenciado por un delito de desobediencia, aunque su defensa solicitó la libre absolución de su cliente. De ser condenado, debía castigársele por una falta contra el orden público.
El representante de la defensa indicó que en ningún momento tuvo su cliente «voluntad de transgredir las normas» ya que al haber pagado una multa pensó que podía continuar con las obras.
