Contrataciones de familiares de sindicalistas

Limasa, demandada por contrataciones ´a dedo´

El sindicato UTL lleva a los tribunales a la empresa y al resto de sindicatos por el denominado "sistema de cupos"

 08:57  
Operarios de Limasa trabajando en el centro de la ciudad.
Operarios de Limasa trabajando en el centro de la ciudad.  Arciniega

JAVIER GARCÍA RECIO El sindicato Unión de Trabajadores de Limpieza (UTL) ha abierto la caja de los truenos en la empresa de limpieza Limasa al sacar a la luz lo que muchos consideran un secreto a voces, que no es más que la existencia de una práctica irregular en la contratación «a dedo» de decenas de trabajadores a través de un acuerdo entre la dirección de la empresa y los dirigentes de la mayoría de los sindicatos que operan en la empresa.

La UTL, que a pesar de su corta historia cuenta con el respaldo de cuatro representantes en el comité de empresa, ha presentado una demanda judicial contra Limasa y los sindicatos UGT, CCOO, USO, CGT y CSIF por «vulneración del principio de igualdad y no discriminación en la política de contratación» llevada a cabo por Limasa al considerarla «discriminatoria por motivos ideológicos y de afiliación sindical».

La demanda, que ya ha sido aceptada por el juzgado de los social número 10 y habrá de verse en juicio a finales de mayo tras ser aplazada la vista prevista para el pasado jueves, acusa a la empresa y a los sindicatos de practicar una «discriminatoria política de contratación de trabajadores, mediante el denominado sistema de cupos».

No se mira la preparación. El escrito de demanda describe cómo se contrata «por enchufe» a los trabajadores. La empresa «confiere a cada sindicato un cupo» que constituyen el número de personas que cada central sindical puede designar para «ser llamados a trabajar en la empresa». De esta manera, por los sindicatos «se entrega mensualmente a la dirección un listado conteniendo los nombres y apellidos de las personas que han de ser, y de hecho son contratados, por cada opción sindical».

Los designados son, según la demanda, «personas muy cercanas a los sindicalistas escogedores, normalmente con lazos familiares o de íntima amistad con dichos sindicalistas».

La «discriminación» y «favoritismo» que denuncia UTL está sólo basada en el «amiguismo» , sin tener en cuenta a las «personas mejor preparadas o de mayor cualificación; tampoco a la personas que hayan tenido una mayor experiencia en la plaza a cubrir, o que cuenten con intachable currículum». «Son simplemente personas cercanas a los representantes sindicales y afiliados a cada sindicato que, sólo por eso, son los que contrata la empresa».

La demanda relata cómo en el mes de agosto de 2011 se formalizaron 800 contratos temporales para cubrir vacaciones, descansos, sustituciones o bajas. De estos, «alrededor de unos 200 lo fueron por los cupos de los sindicatos (a excepción de UTL), mediante la entrega a la dirección por parte de cada sindicato de una lista en la que aparecen escritos no menos de 20 nombres y sus apellidos». Es lo que en lenguaje interno de la empresa se denomina «el 80/20», que fija el cupo de la empresa y el de los sindicatos.

UTL señala en su demanda que cuando llegue el momento procesal acreditará «la exacta coincidencia» entre «determinados afiliados a los sindicatos, con cargos relevantes y presencia en el comité de empresa, y la contratación preferente de sus familiares directos sobre otros con mejor derecho, pero ausentes».

Discriminación del sindicato. Esta política de contratación beneficia a empresa y sindicatos. A la empresa «que se garantiza la denominada paz social y la ausencia de conflicto alguno por temor a la pérdida de los cupos» y a los sindicatos «que se garantizan una gran afiliación y servilismo, haciendo el papel de auténtico conseguidor de empleo en la empresa». Por todo, UTL demanda a Limasa por su «actuación contraria a los principios constitucionales de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo».

La empresa, a la vista de las denuncias que sobre «los cupos» ha realizado UTL, decidió a partir de junio de 2011 «dejar de facilitarle información alguna sobre las contrataciones llevadas a cabo».

UTL denuncia igualmente la discriminación que para el propio sindicato representa esta práctica pues, pese a tener una alta representatividad en el comité de empresa, cuenta con apenas 80 afiliados ya que «la afiliación a este sindicato supone una garantía para ser discriminado en la contratación laboral», por lo que pese a tener un gran respaldo electoral, que avala su denuncia, tiene una escasa militancia.

En la denuncia el sindicato reclama que «se declare la nulidad radical de la conducta de la empresa consistente en incumplir con la obligación de acceso en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de estar o no estar afiliado a un sindicato». Igualmente pide que la empresa Limasa «cese de inmediato en este comportamiento que atenta contra los derechos fundamentales y contra UTL suponiéndole de hecho una menor afiliación a su sindicato».

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