La Demarcación General de Costas tratará este año de encontrar una solución definitiva al problema jurídico de las casas de El Palo, Pedregalejo y La Araña que permanecen asentadas, desde hace más de tres décadas, en terreno de protección pública. Según el nuevo jefe de la institución en Málaga, Ángel González, el asunto será examinado con objeto de completar el deslinde de la zona marítima y superar la indeterminación administrativa en la que viven los propietarios.

González insistió en que la obligación de su departamento es velar por la preservación del medio ambiente, si bien señaló que la propia ley establece una excepción en su cumplimiento para aquellas invasiones que, por su consolidación, ya han dejado de incidir en el medio en el que se integran. En este sentido, recordó que se trata de construcciones perfectamente afianzadas en su carácter urbano, con servicios de iluminación y servicios anejos en el trazado.

Según los datos facilitados ayer por González, la administración tiene ya listo el 86 por ciento del deslinde del litoral de la provincia. En términos brutos, eso significa que resta por delimitar la zona pública en alrededor de 25 kilómetros. Muchos de ellos discurren en los terrenos en los que se ubican las citadas casas, que continúan sin una solución treinta años después del inicio de los trabajos.

El jefe provincial de Costas señaló que ha sido precisamente la complejidad de casos como el de esta zona de viviendas lo que ha hecho que se prolongue el final del mapa de deslinde de Málaga. González no descarta que en estos barrios se opte por una solución que permita continuar con el emplazamiento en la zona cercana a la playa. Costas estudia la posibilidad de la desafección, que implicaría renegociar con los propietarios la ocupación y titularidad del suelo.

En su encuentro con la prensa, Ángel González, también aludió a la situación, igualmente vaga, de los chiringuitos. En este punto, recordó que la potestad para emitir y renovar las concesiones recae en la Junta de Andalucía, que reclamó legalmente las competencias después de que se enconara el conflicto de la aplicación de la ley de Costas.