Los sindicatos ven las peores venir y ya transmiten sus peores temores y pronósticos. El nuevo decreto de recortes supondrá en la práctica la pérdida de 1.500 puestos sanitarios en la provincia de Málaga y 8.000 en Andalucía, vaticinó el presidente provincial del sindicato de enfermería Satse, Eugenio Pérez. De estos 1.500, 400 son enfermeros y enfermeras, precisó.
Y es que el pasado martes se celebró una nueva reunión de la mesa sectorial en este caso para abordar con la administración la aplicación práctica (distribución) de las 2,5 horas semanales más que los sanitarios deben realizar ante el nuevo decreto. El resultado del encuentro fue que de nuevo las partes se levantaron sin acuerdo sobre la mesa.
«A partir del 1 de septiembre con la aplicación del aumento de la jornada laboral entre 1.500 y 2.000 personas de los 23.000 empleados totales actuales del Servicio Andaluz de Salud de la provincia irán a la calle, y, los grandes perjudicados serán los contratados», denunció Eugenio Pérez.
El presidente de Satse en la provincia explicó que en los turnos rotatorios por ejemplo, las jornadas están ponderadas (valen más horas) «por lo que no se trata de aplicar de forma general dos horas y media más y punto». «Además, habrá que ver cómo se distribuyen», indicó.
El Comité Ejecutivo autonómico del Satse mantuvo ayer un encuentro para analizar la situación sanitaria en la región y planificar nuevas medidas de protesta contra los recortes, indicó Pérez. La semana que viene deberá reunirse de nuevo la mesa sectorial.
Hoy la ministra de Sanidad, Ana Mato, visita Vélez-Málaga para institucionalizar un premio en honor de la pensadora malagueña María Zambrano. El pasado martes profesionales sanitarios reunidos en asamblea en el hospital comarcal de la localidad aprobaron convocar para hoy una concentración de protesta en el Palacio de Beniel con motivo de la visita de la ministra.
Rechazo al medicamentazo. Los sindicatos FSS-CCOO, FSP-UGT, SATSE y CSI-F criticaron ayer la propuesta del Ministerio de Sanidad de excluir más de 400 medicamentos de la financiación pública, lo que han venido a llamar el «medicamentazo», ya que esta medida, a su juicio, «no ahorrará», sino que «generará más gasto» a la sociedad.
De esta forma se han pronunciado los representantes sindicales, en declaraciones a los periodistas, tras presentar una queja ante el Defensor del Pueblo en Madrid al considerar que el decreto de medidas de ajustes de Sanidad es inconstitucional.
Todos ellos han mostrado su desacuerdo porque el Sistema Nacional de Salud (SNS) vaya a dejar de financiar 425 medicamentos y han criticado que se hayan enterado por «la prensa» del listado. Un asunto que, según Pilar Navarro, secretaria del sector salud y servicios sociosanitarios de la Federación de Servicios Públicos, no se abordó en el comité consultivo del SNS que se celebró el pasado martes, donde «se presentaron todos los reales decretos que iban al Consejo Interterritorial, pero en ningún momento hablaron de la exclusión de los medicamentos».
«Ellos consideran que debe ser competencia exclusiva de ellos y que no tienen que consultar con nadie y el comité consultivo tiene que tener conocimiento de las cosas que van a llevar al Consejo Interterritorial», ha denunciado Navarro. Pero además, Carlos Amaya, asesor de CSI-F Sanidad, se ha mostrado convencido de que «los medicamentos que salen de lo que se ha financiado hasta ahora son sustituidos por otros, quizás más modernos, pero más caros porque llevan innovación y una patente». Por ello, esperan que se produzca «una subida importante de los precios», lo que generará más gasto en los ciudadanos.
«Es otra ocurrencia del gobierno. Es falso que la reforma sanitaria vaya a producir un ahorro de 7.000 millones, pero como tienen que cumplir con esta situación, siguen con ocurrencias», ha afirmado Luis Álvarez, de la Federación de Sanidad de CCOO. «Hoy siguen con el «medicamentazo» -ha proseguido Álvarez- y no sabemos lo que ocurrirá mañana».
