Las asociaciones de la provincia ya no pueden más. Llevan alertando meses del peligro que puede suponer para los usuarios y sus familias la falta de solvencia con la llegada del nuevo curso pero desde entonces hasta ahora no se atisba ninguna maniobra resolutiva por parte de la Junta. Lo que era un aviso se ha convertido en una realidad. Septiembre ha llegado.
En total, casi 3.000 personas están afectadas de forma directa o indirecta por los impagos autonómicos y de momento las autoridades no dan pistas de cómo solucionarlo. En unos casos, la deuda contraída por el gobierno autonómico con las asociaciones no pasa de los 10.000 euros. En los peores, la cifra sobrepasa ya los 800.000 €. A todas estas cifras hay que sumar los centenares de trabajadores que desempeñan su profesión en alguno de estos centros y que ahora ven con incertidumbre su futuro.
Septiembre es un mes complicado para los malagueños pero aún más para las asociaciones sociales. Tras las vacaciones de verano, comienza la puesta en marcha de la mayoría de actividades educativas, asistenciales y sanitarias que se desarrollan en los diferentes centros de la provincia y ahora los responsables no saben cómo dar salida a los centenares de personas que dan respaldo.
«Hace tiempo que estamos al límite pero esto ya nos supera», explica el presidente de Aspandem, José Antonio Bernal. Desde su asociación dan cobertura a más de 600 personas, muchas de las cuales forman parte del servicio de atención primaria que es uno de los más perjudicados por los impagos. «Tenemos un seguro pero no nos podemos afirmar en eso, tratamos de recortar de todas partes pero la situación es límite y no nos dan respuesta», asegura el presidente.
De momento, este mes volverán a emprender los mismos servicios y actividades que desde hace años vienen haciendo, aunque la diferencia radica en que no pueden garantizar si seguirá siendo sostenible con el paso del tiempo. «Ningún servicio va a quedar fuera de momento, aguantaremos lo que haga falta pero esto se ha convertido en un auténtico desastre», lamenta Bernal.
En el caso de Aspandem, no barajan recurrir a las familias pero temen que la situación desemboque en eso. Algo muy similar ocurre en Amapacce, donde desde el pasado 18 de julio llevan protestando por las consecuencias que tendrá para el millar de personas que están relacionadas con la asociación la falta de respuesta de la Junta. En aquel momento, el presidente de la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos cerebrales, Domingo Collado, se echaba a la calle con un centenar de trabajadores y alumnos para revindicar la situación en la que se encontraban. Collado no se movía solamente por la entidad a la que representa, sino en defensa de los derechos «de miles de discapacitados intelectuales y físicos de la provincia».
La petición era clara, fijar una fecha en el calendario con los responsables del área para discutir las distintas vías de financiación y negociar una salida, pero de momento nadie ha obtenido una respuesta contundente al respecto. Tal y como relataba el presidente de Aspandem, José Antonio Bernal, en este tiempo han tratado de ponerse en contacto con las consejería de Hacienda y de Salud y Bienestar Social. ¿La respuesta? «Absolutamente nada», dice Bernal, para quien su prioridad son los asociados a la organización.
Aspandem se divide en varios departamentos atendiendo al grado de discapacidad y las necesidades que presenta cada persona. La Unidad de Residencia está, según Bernal, «cojeando» y es sin duda una de las más afectadas por los impagos. Se trata de un servicio permanente para dependientes totales, que necesitan cuidados y dedicación continuos.
A esta unidad se suma la de Estancia Diurna para independientes y otras cinco unidades centradas en proporcionar formación profesional para personas con posibilidades de ser integradas en un puesto de trabajo. Pero sin duda, lo que más preocupa en su residencia son los discapacitados «que se encuentras totalmente solos, sin padres ni familia».
Respaldo unánime a los colectivos
Aspandem, Aspromanis o Amappace son solo algunas de las asociaciones malagueñas que atraviesan por esta dramática situación. Pero a este grupo hay que sumar Fahala, La Traiña de El Palo, Los Girasoles de Ara, Prodicco, San Vicente Paul o la Asociación Española de Espina Bífida. Todas ellas nacieron con la misión de dar apoyo a los enfermos y a sus familias pero ahora su frustración es no poder continuar con su labor. A principios de verano el Ayuntamiento de Málaga aprobó una moción de apoyo a las asociaciones de la provincia, una decisión que contó con la unanimidad de todos los participantes para llevar el problema a la Junta. c. l. málaga
