Justicia

Jueces y fiscales hacen un paro para protestar por las reformas de Gallardón

Los togados critican las tasas y piden la reforma de la Justicia Unos 250 funcionarios se sumaron a la judicatura para oponerse a los recortes

 05:00  
Imagen de la concentración de jueces, fiscales y funcionarios.
Imagen de la concentración de jueces, fiscales y funcionarios.  Arciniega

José Antonio Sau Si son reformas o recortes el tiempo lo dirá, pero lo que sí es cierto es que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha conseguido en poco más de un año poner a todos los colectivos judiciales de acuerdo en algo: que sus propuestas no gustan. Y menos después de que el martes asegurara que los miembros de la judicatura protestan por la supresión de la paga extra de Navidad. Ayer, 250 funcionarios, 110 jueces y en torno a 40 fiscales hicieron un paro de una hora para protestar por diversas propuestas legislativas del ministro del PP, entre ellas la Ley de Tasas.

De doce a una de la mañana, todos los jueces del edificio paralizaron su actividad y suspendieron sus juicios y declaraciones durante una hora. Sólo uno se saltó el paro. Se concentraron en la Sala 4, para luego salir a las escaleras y situarse junto a los funcionarios en la entrada del inmueble. Los empleados públicos comparecieron con el lema «No recortes, no tasas», y sus sindicatos recogieron firmas contra las nuevas tarifas judiciales, que prevén subidas de entre 50 y 750 euros.

El presidente de la Junta de Personal, Agustín Soler, aseguró que con las tasas «sólo podrán pleitear los ricos de España». En Málaga hay 1.800 funcionarios. Concentraciones similares se produjeron en todos los partidos judiciales de la provincia.

Por primera vez, a los empleados públicos se sumaron los jueces, magistrados y fiscales. Los representantes de los colectivos profesionales –APM, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– leyeron un comunicado en el que exigen que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga su estructura y competencias actuales, y rechazaron cualquier modificación en detrimento de la independencia.

Asimismo, reclamaron la retirada de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «que no mejora la calidad de la Justicia»; pidieron autonomía presupuestaria para el consejo y la Fiscalía General del Estado, y un aumento de jueces y fiscales para alcanzar la media europea.
Solicitan además una Justicia profesional dotada de los medios materiales y humanos necesarios, la determinación definitiva de la carga de trabajo, de tal modo que ésta sea compatible con una Justicia de calidad, y la adopción de medidas para «paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los juzgados».

Incidieron en el tema de las tasas, de tal forma que éstas «no limiten el acceso de los ciudadanos a la Justicia». En este sentido, hicieron un llamamiento a «los responsables políticos, recordando que este servicio no puede ser vista como un problema, sino como un elemento esencial de la solución».

Así, detallaron la necesidad de hacer mejoras en la legislación para efectuar una Justicia centrada en las personas, en sus derechos, y con agilidad para favorecer la seguridad jurídica que ayude a la reactivación económica. A la concentración acudieron también abogados y procuradores.

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