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"La Justicia es la gran olvidada"

´A ningún gobierno le interesa que la Justicia funcione´

Entrevista a la Coordinadora de la Sección de Andalucía de Jueces para la Democracia, Isabel Tobeña Santamaría

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Isabel Tobeña, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga y responsable de Jueces para la Democracia en Andalucía Oriental.
Isabel Tobeña, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga y responsable de Jueces para la Democracia en Andalucía Oriental.  Arciniega
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La juez Isabel Tobeña se queja de que el Gobierno no ha contado con las ideas ni reflexiones de los togados a la hora de reformar el servicio público de Justicia, lamenta que la Ley Hipotecaria no dé más margen de maniobra a los magistrados para valorar la situación de los desahuciados, y rompe una lanza en favor de la sensibilidad social que ha aflorado estos días entre sus compañeros. Habla claro sobre las leyes, que benefician al más fuerte, y advierte de una posible huelga en el horizonte si el Ejecutivo no atiende a razones.

José Antonio Sau Las aguas de la Justicia bajan tan revueltas que el río ha generado un caudal que obligó a los jueces a posicionarse, claramente, contra la ley que regula los desahucios. Ahora también han alzado la voz contra las tasas, y exigen reformas inmediatas e inversión en el servicio público. Isabel Tobeña, coordinadora territorial de la sección de Andalucía Oriental de Jueces para la Democracia y titular de Instrucción 13 de Málaga, analiza en esta entrevista la situación actual de esta administración.

¿Por qué están ustedes ahora tan combativos?
Porque el ataque a la independencia judicial es muy claro. Se están tramitando cosas que no deberían tramitarse, sin acercarse a ningún tipo de colectivo profesional. Son ataques muy importantes: ahí están la Ley de Tasas, o el asunto de los desahucios. El decreto es absolutamente insuficiente. En él se ha reflejado únicamente lo que los bancos podían permitir. Y, en cuanto al ataque a la independencia judicial, éste se hace con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es el momento de hacer sentir que la carrera no está de acuerdo con la forma de tramitar esas cosas, ni con los contenidos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se queja de que ustedes están protestando porque les quitan la paga extra y por intereses corporativos...
Nos presume excesivamente mezquinos. Sabemos que la paga extra nos la quitan desde hace mucho tiempo, igual que al resto de los funcionarios, a los fiscales, y a los secretarios judiciales. El único que se libra es el fiscal general del Estado. Debe ser el único que tiene derecho a otro tipo de Navidad. Esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, y también sabíamos que se reducían nuestros permisos. Por eso, la comisión interasociativa, en sus comunicados, no ha hecho mención alguna a esos dos temas. Hay que sacrificarse porque la situación económica es mala, pero no hemos protestado por esas medidas. Nos preocupan otras cosas.

Parece que van ustedes a la segunda huelga de su historia...
Yo me imagino que vamos hacia una segunda huelga porque el ministerio no ha demostrado sensibilidad alguna con las últimas concentraciones del 23 de noviembre. Y eso pese a que el ministro se reunió con las asociaciones, se comprometió a una serie de cosas, dijo una serie de palabras, que luego no se han producido. Hay un rodillo. No se ha contado para nada, a la hora de hacer las reformas, con las ideas y preferencias que han aportado los jueces.

¿Qué supone la Ley de Tasas Judiciales?
Es una de las mayores barbaridades que tenemos ahora sobre la mesa. Supone cobrar por un servicio público que no es de calidad, no es ágil, no es bueno... Yo no estoy de acuerdo con que se cobren tasas en los diferentes órdenes jurisdiccionales. Entendería que se impusieran tasas si ofreciéramos un servicio de calidad, pero no es así, o no me lo parece. Necesitamos una Justicia más rápida, más ágil. El único que se ha salvado es el orden jurisdiccional Penal, hasta ahí podíamos llegar: que se cobrara una tasa a un ciudadano por denunciar haber sido víctima de un hecho delictivo. Sin embargo, sí se imponen esas tarifas en los órdenes Contencioso-Administrativo, Social y Civil. A mí me parece que es un ataque frontal al derecho a la tutela judicial efectiva.

La ciudadanía ha premiado de algún modo el paso adelante que han dado los jueces denunciando diversos problemas que le afectan como los desahucios. ¿Se siente más respaldada por sus conciudadanos?
Siento que somos parte de la ciudadanía. No somos ni más ni menos que otros profesionales, y veo que hay distintas sensibilidades en la carrera. Somos gente muy preocupada por la situación actual, y porque las leyes, de alguna manera, siempre benefician a los mismos. Por ejemplo, en Derecho Penal, sólo se comete un delito contra la Agencia Tributaria cuando se defrauda una cuota de 120.000 euros, y para tener que pagar esa suma en un impuesto hace falta tener mucho dinero. En cambio, el que mete la mano en el bolsillo de otra persona y se lleva su cartera comete un delito o una falta, según sea el caso. Desde el euro cero, los que nos roban a todos están primados.

La Ley Hipotecaria ha generado mucho malestar no sólo entre los ciudadanos, sino también entre los jueces...
Sí, porque es una ley muy antigua, y efectivamente es uno de los grandes exponentes de lo que hace el juez en materia civil. Es un mero espectador, al que las partes le llevan un material y él decide. Sin embargo, en los procedimientos hipotecarios, la posibilidad de examen del juez de la hipoteca, de los títulos, es mínima, eso hace que nos veamos obligados a aplicar la ley sin posibilidad de analizar las circunstancias de cada persona.

¿Qué pretenden: humanizar la ley, matizarla...?
Queremos tener la posibilidad de ver por qué no se ha podido producir ese pago. Y hay otro punto muy importante: los contratos de las hipotecas son de adhesión. Yo no puedo pactar los intereses de demora, ellos hacen la oferta y si tú quieres la asumes. Si no, te quedas sin hipoteca. Eso no puede ser, y menos cuando se refieren a bienes de primera necesidad como puede ser una vivienda.

¿Acabarán los suicidios debido a los desahucios?
Ojalá no hubiese habido ninguno. El compañero que planteó ante un tribunal europeo el tema de los desahucios lo hizo hace un año y medio. Por cierto, es de Jueces para la Democracia.

Dice que la ley suele beneficiar a las grandes corporaciones. ¿Cómo se puede proteger al ciudadano?
Cuestionando que esas cláusulas son abusivas. No se da una adecuada respuesta a los derechos de los consumidores, dado que tenemos una legislación que no permite analizar los contratos, no podemos matizarlos.

Entonces, como ya ha dicho, el decreto ley sobre desahucios ha sido insuficiente...
Totalmente, y lleva un gran problema añadido. Se ha dado una moratoria de dos años, pero los intereses de demora no se detienen, siguen corriendo. Si una familia presenta ya unas circunstancias cercanas a la penuria y debe 150.000 euros, pero tras paralizarse el pleito dos años, luego se le piden 170.000, el problema no se resuelve. Se da el poder a los bancos.

¿Qué llevó a jueces y magistrados a dar un paso al frente en este tema y a decir alto y claro que la actual legislación es abusiva con el más débil?
Somos trabajadores, ciudadanos antes que jueces. Yo lo primero que hago al despertarme no es pensar que soy jueza. Me encanta mi trabajo, y lo hago lo mejor que puedo, pero soy ciudadana y consumidora. Todos sabemos de personas que están a nuestro alrededor que lo están pasando muy mal.

Parece que la Justicia es la gran olvidada de la democracia, y ninguna de las reformas que se han planeado para impulsarla ha cristalizado. Por ejemplo, la de la nueva oficina judicial, que lleva empantanada desde 2003...
La Justicia siempre ha sido la gran olvidada de la democracia. Yo, cuando me enfado con alguna situación, siempre digo que a ningún gobierno de ningún color le interesa que la Justicia funcione, y además me parece que tristemente es así. Esto lo podemos ver en la jurisdicción Contenciosa-Administrativa, que es un mecanismo de control a la administración. Los juzgados se crearon hace relativamente poco. Existían las salas con un volumen de trabajo imposible de llevar. Si tienes un problema con la administración y pasan cinco, seis o siete años para que te contesten... eso no es una respuesta, para nada es un mecanismo de control. Parece ser que a nadie le gusta que le controlen.

¿Por qué no se concretan las reformas?
No se materializan nunca. En época de bonanza, no se han ocupado de la Justicia ni la han mejorado. Estábamos igual de mal, pero íbamos tirando. Ésta es una administración en la que estamos acostumbrados a parchear, y a cubrir nosotros esas deficiencias. Lo mínimo que podría esperarse es que en época de crisis nos mantuvieran igual, porque ya estábamos bastante mal. Y, sin embargo, estamos sujetos también a recortes, como el resto.

¿Qué les parece la reducción de partidos judiciales?
Ésta es una estructura y una organización muy antiguas. No tiene sentido que los juzgados se conciban como pequeños cortijos. Se pretendió en 2003 la reforma de la oficina judicial, una iniciativa controvertida, pero muy modernizadora y que mejoraría la situación. Pero todo pasa por más inversión. Por dinero. Antes, porque no éramos prioritarios, y ahora, porque no hay dinero para nada. Una pena.

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