El delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta, Manuel García Peláez, ha afirmado que la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Málaga "es firme y tiene una duración de un año". No obstante, se ha mostrado abierto al diálogo para, contando con el suficiente consenso, "modificar elementos concretos, pero sin ir contra el criterio genérico de la resolución", que es "el apoyo al pequeño y mediano comercio", y es que, a su juicio, este asunto "no se resuelve a través de la vía contencioso-administrativa".
Así se ha pronunciado García Peláez tras comunicarle este jueves la delegada municipal de Promoción Empresarial y del Empleo del Ayuntamiento, Esther Molina, que la Administración local presentará una reclamación potestativa previa a la vía contencioso-administrativa contra la declaración de ZGAT fijada por el Ejecutivo andaluz y en defensa de la propuesta del Consistorio.
García Peláez ha señalado a Europa Press, en el supuesto de que este asunto llegara a los tribunales, que "todo el mundo tiene derecho a acudir a las vías legales que considere convenientes", aunque, sin embargo, ha optado por el diálogo, mostrando su disposición a evaluar la influencia en el comercio de la declaración aprobada por la Junta y "entrar en la negociación de elementos concretos". Eso sí, contando para ello "siempre" con "el consenso de todos los agentes implicados".
Ha argumentado que la delimitación de ZGAT aprobada por la Junta tiene como objetivo "apoyar al pequeño y mediano comercio y no provocar un transvase de economía ni de clientes de éste último al gran comercio". "Ahí no vamos a ceder porque es lo básico de la resolución", ha subrayado.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. No obstante, el delegado territorial de Turismo y Comercio ha recordado a Molina que el Gobierno andaluz interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa estatal referente a la liberalización de horarios comerciales. Así, ha dejado claro que "si la propuesta del Ayuntamiento ahonda en el criterio del Ejecutivo central, no va a contar con el apoyo de la Consejería".
En este punto, ha incidido en los argumentos de la Junta para la presentación de ese recurso, exponiendo que la normativa estatal invade competencias de la Comunidad Autónoma en materia de regulación comercial y supone un perjuicio para las pymes del sector.
