Si el dolor nutre al arte, es probable que de esta experiencia Isabel Pantoja saque mimbres para un nuevo disco de boleros. O de rancheras. Los días marbellíes de la cantante sevillana, la dolorosa moción de censura que descabalgó a su entonces novio, Julián Muñoz, de la silla de la alcaldía en agosto de 2003, aquella campaña a las elecciones municipales de mayo de ese año en el que ella se convirtió en el principal reclamo de un Gil entrado en putrefacción, todas esas vivencias han acabado estallándole en la cara. La Audiencia Provincial la ha condenado a dos años de prisión por blanquear dinero procedente de las actividades delictivas del exregidor marbellí. El tribunal ha sido claro: sabía de dónde venía el dinero y a qué se dedicaba Muñoz. Eso sí, se libra de acabar entre rejas, a no ser que el Tribunal Supremo le enmiende la plana a la Sección Segunda.

Fuentes judiciales explicaban ayer que lo habitual es que la Fiscalía pida el ingreso en prisión si una persona es condenada a más de dos años de cárcel y tiene antecedentes. Pantoja no cumple ni un requisito ni el otro. Y además ya satisfizo una señal para el pago de la hipotética multa de 3,6 millones de euros. Finalmente, sólo tendrá que pagar 1,1 millones. Un tercio de la cantidad que quería Anticorrupción. Por tanto, una de las grandes incógnitas del caso, que preocupaba tanto a los españoles, casi tanto como la imputación de la infanta Cristina, ha quedado despejada.

Peor acabaron su exnovio y protagonista de estos años negros de Marbella: Julián Muñoz fue sentenciado a siete años de cárcel, y a pagar multas que suman casi 4 millones de euros por blanqueo continuado y cohecho. Ayer mismo, tras la lectura del fallo de la sentencia, que suscitó una gran atención mediática en la Ciudad de la Justicia, la fiscal Anticorrupción, María del Mar López Herrero, pidió su ingreso en prisión, que se hizo efectivo ayer tarde al ser trasladado a la cárcel de Alhaurín de la Torre.

Al final de la vistilla, a la que asistieron todos los acusados, Maite Zaldívar lloraba desconsoladamente junto a sus hijas y su pareja. Y no era para menos. El tribunal la condena a tres años y tres meses entre rejas por blanqueo, y a pagar 2,4 millones de euros de multa. Sólo un milagro, o el Supremo, pueden librarla de acabar en la cárcel. Aquellas declaraciones de las bolsas de basura debieron resonar ayer en su cabeza. Los años locos de televisión y fama le han devuelto en forma de condena aquel desbocado modus vivendi. El tribunal se encarga de recordárselo en las páginas que le dedica en la sentencia, de 277 folios, y de gran altura jurídica. La ponente es Carmen Soriano.

El resto de protagonistas no acaba tan mal: hay tres absueltos. Y otros cuatro sentenciados. Jesús Zaldívar es castigado a tres años y tres meses de prisión y multa de 1,78 millones; el banquero Fernando Salinas es penado con un año y medio entre rejas y una multa de 891.000 euros; el exdirector de una sucursal bancaria donde los Zaldívar hacían de las suyas, Benjamín Fernando Martínez, puede dar gracias de recibir un año y medio y 562.296 euros -en el juicio dijo que no había hecho el cursillo de blanqueo-; y el empresario José Miguel Villarroya es condenado a un año por cohecho. Éste puede estar contento porque su abogado, Juan Carlos Rivera, ha logrado que sus tres hijos salgan libres y que él sea absuelto de blanqueo.

Fue una vista difícil, con tensión y lágrimas, en la que el presidente de la Sala, Federico Morales, pidió al público que no hiciera gestos de aprobación o desaprobación del fallo. Más allá del circo, del zarandeo a Pantoja, y de la foto del triángulo que gobernó Marbella, esa ciudad costasoleña tiene un retrato algo más claro de lo que sucedió al final del «gilismo», entre 2003 y 2006.

Para empezar, el tribunal considera probada la hipótesis de las acusaciones: que Pantoja y Muñoz, a raíz de su relación sentimental hecha pública en 2003, «ejecutaron un plan preconcebido para aflorar dinero y ganancias -respecto de las que ambos pretendían disfrutar en beneficio propio- que éste había obtenido de sus actividades delictivas, confundiéndolas y mezclándolas con las procedentes de las actividades profesionales y mercantiles lícitas de Pantoja». Esa hipótesis acusatoria es ya, dice la ponente, «una realidad histórica».

Por tanto, Pantoja sabía que su novio manejaba dinero de sus delitos, y le ayudó a emplearlo y ocultarlo para su disfrute. Tras la ruptura con Zaldívar -el divorcio es de abril de 2003-, Muñoz disponía «de una cantidad de dinero en efectivo notable». Una parte de esa suma fue a Zaldívar. «Con la finalidad de esconder su origen y aflorarlo con apariencia de licitud, lo empleó -para satisfacer su bienestar y el de su nueva pareja, la acusada Isabel Pantoja- en la adquisición de bienes inmuebles e inversiones empresariales».

El exregidor se sirvió de las actividades profesionales y empresariales de las sociedades que la cantante ya poseía; y que ella «puso a su disposición para el logro de tales fines», pese a que sabía el origen delictivo de los fondos. Sirvió de cobertura al ocultamiento de esas sumas y bienes, y escondió «las referidas adquisiciones e inversiones» tras acabar con él, a finales de 2006.

Reconoce la Sala que Pantoja tenía mucho patrimonio por su profesión y de la herencia del difunto Paquirri, del que es viuda, pero esa normalidad financiera salta por los aires a partir de 2003, cuando se relaciona con Muñoz. Un dato: ese año declara una renta bruta de 132.302 euros, pero realiza ingresos en sus cuentas societarias y privativas por 293.497. «No hay la menor justificación de que procedan de las actividades artísticas y empresariales de Pantoja», dice el tribunal. En concreto, hay 118.000 euros no justificados, contando diez ingresos consecutivos de 3.000 euros en una cuenta suya en abril de 2003.

Para aprovechar la influencia de Muñoz como alcalde de Marbella, y antes de hacer pública la relación, «decidieron, con parte del dinero procedente de la actividad delictiva de Muñoz, adquirir dos inmuebles: un apartamento en el Hotel Guadalpín y el chalé de La Pera». Ella dijo que pagó el apartamento con 330.000 euros que tenía en su casa en metálico.

Es decir, cree la Sala, que adquirió ese inmueble con dinero de Muñoz. Y en cuanto a la compra de La Pera, existen indicios de que la persona que la diseñó «no era otro que Julián Muñoz, y que su pareja conocía todos los detalles de la operación, así como la procedencia del dinero con la que se iba» a pagar la hipoteca. Porque aquí el blanqueo está en el pago de las letras. El precio pactado fue de 3,36 millones. «Respecto al abono de las amortizaciones del préstamo hipotecario, la creencia de la acusada era, cuando lo suscribió, que se pagarían con fondos de Muñoz», precisó.

Ello se probaría tras la detención del exregidor en julio de 2006 por el caso Malaya, «cuando se vio obligada a hacer frente a las amortizaciones de un préstamo cuyo coste no había previsto, lo que se tradujo en retrasos en el pago de las amortizaciones, ingresos esporádicos en la cuenta del préstamo -que no procedía de las cuentas de la acusada-, en la venta del apartamento del Guadalpín y desembocó en una situación de impago temporal que se prolongó dos años. Muñoz aportó 52.000 euros a la operación. También hay blanqueo en la compra de reses bravas. Ella siempre negó que Muñoz ideara o pactara las operaciones, algo que echa abajo el tribunal.

Critica la Audiencia la maniobra de la defensa de retrasar el inicio de la relación a marzo o abril de 2003 para desvincular ese hecho de la compra del apartamento del Guadalpín, en enero de ese año. «No es esa la cuestión determinante. Lo realmente relevante es el hecho de que entre la acusada y Muñoz, al menos desde la segunda mitad de 2002, existía una relación que no era ocasional, sino íntima».

Ello permite inferir que Pantoja conocía las actividades delictivas del exregidor. «El conocimiento de la acusada acerca de la implicación de Muñoz en procedimientos penales relacionados con su cargo público en el Ayuntamiento es más que evidente». Entre otras cosas, porque llevaban una vida en común.

En cuanto a Muñoz, dice la Sala que usó su cargo «para servirse del mismo con un fin estrictamente privado, buscando en muchos casos y de manera desmedida el beneficio económico; en otros, el trato de favor para sus amistades». La Sala asegura que llevaba un ritmo de vida muy por encima de sus ingresos públicos -y legales-, y que no cobró esas gratificaciones en B con las que su defensa trató de justificar tamaña capacidad de gasto. Una gran diferencia entre ingresos y gastos, el movimiento en metálico y las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles sin justificar la procedencia del dinero han servido para condenarle.

Todas las defensas han anunciado ya recursos para el Supremo.

@Saumartin