'Caso Malaya'

Roca admite que cobró de empresarios

03.10.2013 | 19:10
Roca, en el banquillo de los acusados.
Roca, en el banquillo de los acusados.

El Día D del caso Malaya llegó el pasado 8 de noviembre de 2011, con el desembarco en esta peculiar playa normanda de Omaha, que dejó bastantes cadáveres, a juzgar por las caras de los exconcejales marbellíes que formaron parte del equipo de gobierno entre agosto de 2003 y marzo de 2006, ya que comprobaron de primera mano cómo Juan Antonio Roca, cerebro de la trama, admitía en su declaración haberles pagado dinero en ese periodo para que no hubiera «transfuguismo» y se mantuvieran «unidos» hasta las elecciones municipales de 2007.

Además, reconoció haber cobrado de Construcciones Salamanca, Aifos y del empresario Fidel San Román por haberles asesorado en varios proyectos, santificando, de paso, los archivos contables de Maras Asesores en los que su economista, Salvador Gardoqui, consignaba las iniciales de los que pagaban y de los que recibían y las distintas sumas.

La película de ayer en el juicio tuvo dos partes: una primera en la que el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero se centró en los antecedentes urbanísticos de Marbella y en la que se radiografió la toma de decisiones en la era GIL; y una segunda, a partir de las 12.30 horas, tras el café, en la que el exasesor de Urbanismo le dio rienda suelta a la lengua y se quedó tranquilo. Eso sí, sus palabras suponen una confesión en toda regla, pero con matices trascendentales.

El delito de cohecho o soborno tiene una gradación distinta según el acto concreto: el fiscal sostiene que Roca recibió dinero y pagó a los ediles para beneficiar a determinados empresarios en un proyecto concreto, que solía conllevar un cambio en la calificación del suelo o un aumento brutal de edificabilidad. Pero el caso de los trajes que recibió de un sastre el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps es un flotador para el náufrago Roca en medio de su particular tormenta: el cohecho impropio, doctrina inaugurada con el polémico político popular, significa que se paga a la autoridad pero sin un fin concreto. Es una dádiva preventiva.

Dos fuentes judiciales confirmaron ayer que la línea de defensa de Roca ya no se centra en rechazar los hechos, sino en buscar la calificación de los pagos como cohecho impropio, castigado con multa pero no con cárcel. Además, este delito no es antecedente del blanqueo de capitales, por lo que todo quedaría más difuminado.

Tal y como adelantó ayer La Opinión de Málaga, Roca cambió de línea de defensa, de versión y asumió los pagos que ha negado en sus numerosas declaraciones en el juzgado que dirigía el juez Miguel Ángel Torres, quien ayer seguro que se sintió aliviado.

La parte más jugosa fue la de los ediles. El fiscal le preguntó si las salidas de dinero anotadas bajo el epígrafe «Ayuntamiento» en la contabilidad de Maras eran pagos a los concejales, y respondió: «Son pagos asociados a grupos políticos que conformaban el equipo de gobierno»; se refiere al que lideró Marisol Yagüe entre agosto de 2003 y marzo de 2006 y que se gestó en una moción de censura que acabó con la carrera de Julián Muñoz.

Tras la moción de censura, explicó, Jesús Gil le dijo a la exalcaldesa que el gobierno –PSOE, ex del GIL y PA– «era insostenible», porque «se crearon grupos de poder en las distintas concejalías, preparando el desembarco en las próximas elecciones, sin centrarse en el objetivo fundamental del tripartito: normalizar la situación urbanística de la Junta para evitar que los concejales siguieran yendo a los tribunales».

Roca, a petición de Gil, se reúne con los líderes de las tres partes del Gobierno: el huido Carlos Fernández (PA), Marisol Yagüe e Isabel García Marcos (PSOE). La idea del encuentro era limar asperezas y que permanecieran unidos. «Si bien Marisol e Isabel estuvieron de acuerdo, Carlos Fernández me dice que él tiene otro tipo de propuestas, él buscaba un mejor postor para ubicarse en las elecciones».

«Quería llegar a un acuerdo económico para sostener al GIL hasta las próximas elecciones; yo quedo en gratificarles, y cuando tengo liquidez voy dando dinero», aclaró, ante la sorpresa general de los concejales: Marisol Yagüe estaba muy compungida, Julián Muñoz, de negro –aunque a él, de momento, no le afecta–, no sabía donde meterse, y otros ediles tenían los rostros desencajados. En la sala de prensa, los murmullos de sorpresa eran continuos.

Fernández fue quien más pidió, pero reconoció que había jerarquía en los pagos: «Los alcaldes y los tenientes de alcalde percibían el doble que los concejales; y los portavoces el doble de los tenientes de alcalde». Eso sí, el dinero se lo daba siempre a Yagüe, García Marcos y Fernández, no al resto: «Si yo decidía repartir 500.000 euros, se lo daba a las tres personas con las que llegué al acuerdo».

Todo se hacía con sobres. «Sí, 14 sobres», contestó, reconociendo de paso mientras, se analizaban una a una diversas anotaciones en los archivos de Maras y los acrónimos, que los apuntes eran reales «en su inmensa mayoría». Lo hacía con el dinero de sus negocios: «Retribuía que no hubiera transfuguismo, que no hubiera otra moción de censura o que abandonaran el gobierno», aclaró. Pero «ni aun gratificándole Carlos Fernández aguantó el envite y hubo que echarlo», aclaró.

En un tono retador, le dijo al fiscal, que le había preguntado si tenía en nómina a la corporación: «Dígame en qué caso concreto la comisión de gobierno ha votado una resolución que me beneficiara; no gratifiqué a nadie por ningún acuerdo concreto», dijo.

Los archivos de Maras, según dijo, nacen en 2004; antes no existían, o él, por lo menos, no pagó a nadie. Destacó que el gobierno de Yagüe no daba licencias en contra al PGOU del 86 ­–el regular– y «no hubo acuerdos contrarios a la legalidad», desligando los presuntos sobornos del urbanismo –presunto cohecho impropio–.

Sobornos de empresarios Sobre los pagos de empresarios, reconoció que Construcciones Salamanca, Aifos y Fidel San Román le abonaron, entre todas y en distintas fases, 3,5 millones de euros, pero no para sacar adelante sus proyectos: «Me pagaron a mí por asesorarles». Es decir, tenían convenios con el Consistorio, pero él les hizo estudios de desarrollo relacionados con esos acuerdos.

En el caso de Aifos, se reunía siempre con Kiko, Francisco García Lebrón, exdirector Comercial; en relación al resto de empresarios acusados, hasta llegar a la veintena, los pagos son relativos a «negocios que he tenido con estos señores».

Cuando se analicen esos apuntes uno a uno, aclarará «por qué ha obtenido esos ingresos de esos empresarios y cuál es la razón de mi relación comercial». Eso sí, aunque los apuntes contables son casi todos verdaderos, «no se trata de una contabilidad, sino de una mezcolanza de saldos con ingresos en A, en B, con salidas en A y en B». El fiscal se extrañó de que lo hiciera con el dinero de sus negocios.

Por otro lado, el empresario Eusebio Sierra admitió ayer haberle pagado 60.000 euros para lograr un reconocimiento de deuda, en lo que supone el cuarto acuerdo.

La gala

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