La empresa Isofotón ha argumentado la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las circunstancias económicas que atraviesa y en la situación "real" de pérdidas en los últimos dos años. Por su parte, el letrado del comité de empresa ha aludido a la existencia de "confusión patrimonial" y de un proceso de "descapitalización" a través de pequeñas empresas con vinculación en el grupo.

El juicio por las demandas presentadas contra el ERE, que ha afectado a 352 trabajadores, se ha celebrado este lunes en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga. La empresa y la administración concursal se han opuesto a las demandas presentadas por el comité de empresa y los sindicatos de trabajadores de Isofotón (TI), CSIF y CCOO, que piden la nulidad del ERE.

El letrado que representa a la firma ha dicho que con la documental aportada a este proceso se acreditan esas circunstancias económicas que atravesaba la empresa, ya desde 2010, una situación que se fue "deteriorando aún más", hasta llegar a pérdidas en el periodo 2011-2012 de 38 millones de euros, según el resultado real final; y de 47 millones, según el resultado operativo. El abogado ha dicho que en 2010 la sociedad entró en "quiebra técnica".

En este sentido, ha apuntado que había una sobredimensión de costes laborales y que ya en 2011 se iniciaron las negociaciones para un ERE, aunque por distintas cuestiones, entre ellas los avales de la Junta de Andalucía, se acuerda un expediente temporal. No obstante, ha explicado que se produjo una bajada de las ventas tanto en volumen como en precio y que día a día "se van perdiendo cantidades ingentes de dinero".

Esto lleva, ha indicado, a un nuevo ERE y a una situación de preconcurso, en la que se inician conversaciones con los acreedores sobre las deudas, pero que desemboca finalmente en la petición de concurso de acreedores y en la declaración del mismo por parte del Juzgado de lo Mercantil. Ha asegurado que "la voluntad de negociar ha sido constante" en la dirección, rechazando que hubiera mala fe en esta parte, no así en la de los trabajadores.

También ha asegurado que se presentaron planes de formación y recolocación a largo plazo y también un plan social; además de que se fueron dando explicaciones a los representantes de los trabajadores "de todos los pasos que se daban y de la situación económica que se vivía".

Asimismo, han negado vulneración de derechos fundamentales, al despedirse a personas con jornada reducida o mujeres embarazadas, como alegan los demandantes, apuntando que se siguieron los criterios correspondientes para la lista de los afectados por el ERE y la Inspección de Trabajo concluyó en un informe que no constaba dicha vulneración.

Por su parte, el letrado del comité de empresa ha sostenido que las ayudas públicas se utilizan para la expansión de la empresa, considerando que "más que producir, interesaba instalar". Ha asegurado que mientras que Isofotón presentaba pérdidas, otras empresas de los responsables codemandados por esta parte, con vinculación en el grupo empresarial, no las presentan.

En este sentido, el abogado ha considerado que según los documentos que han aportado hay relaciones entre empresas "no creíbles si no hubiera los mismos dueños", por lo que se estima que existe "una confusión patrimonial y trasvases entre unas y otras que no tienen una justificación". Partiendo de este entramado empresarial, sostienen que "hay mala fe" en la empresa y una utilización de la marca.

El representante de CSIF Miguel Ruiz ha indicado en declaraciones a Europa Press que en el juicio, que según ha dicho ha quedado visto para sentencia, "hemos demostrado la nulidad del ERE y que ha habido vulneración de derechos fundamentales". En este último punto, ha indicado que "la baremación con la puntuación que se aplicó a los 352 compañeros no tiene nada que ver con la realidad y fue aleatoria, en función de criterios personales".