La Diputación Provincial de Málaga exige a la Junta de Andalucía que asuma la gestión de las 22 plazas de grandes dependientes de Aspromanis y Sagrado Corazón, cuya atención hasta la fecha sufraga la institución provincial, con un coste anual de unos 500.000 euros, pese a que, según la Ley de Dependencia, «es la administración regional la competente».
Según la Diputación, el coste de la atención de estas plazas está garantizado para 2014, aunque la responsable del área de Derechos Sociales, Ana Mata, urge al Gobierno andaluz para que asuma su responsabilidad y «de cobertura legal» a estos usuarios.
La también vicepresidenta de la institución provincial denunció ayer en un comunicado que ni la consejera, ni el delegado provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales han respondido a las peticiones de reunión realizadas desde el área de Derechos Sociales para solventar esta situación.
Según Mata, desde el pasado mes de junio se ha instado a la Administración autonómica a cumplir la Ley, «cosa que no hace y que repercute en el sufrimiento de los parientes de los internos, que años tras año ven peligrar la situación de sus seres queridos».
La vicepresidenta insiste en que la Diputación «mantendrá su compromiso de abonar el coste del servicio que reciben estos grandes dependientes», al tiempo que exige a la Junta que «se ponga a la altura de las circunstancias» y firme sendos convenios (uno por residencia) en el que se plasme el compromiso paulatino de la asunción de estas plazas.
Según Mata, el hecho de que la Diputación esté sufragando las plazas de los 22 usuarios de Aspromanis y Sagrado Corazón «genera dificultades en el día a día de la institución, ya que se destina un dinero que legalmente no se puede y hay que levantar con una decisión política los lógicos reparos que emite mensualmente la Intervención General».
