Los tres agentes de la Policía Nacional acusados de abusos a inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos que no habían declarado en el juicio lo hicieron ayer para refrendar las versiones de los dos compañeros que comparecieron la pasada semana: negaron los cargos y se limitaron a señalar que su actuación fue profesional. Éstos contestaron a todas las acusaciones y defensas menos a Jaime Rodríguez, abogado de dos de las testigos protegidas que denunciaron los hechos.

El primero de los agentes en declarar ayer ante el Tribunal de la Sección Tercera apuntó que llegó al edificio una de las noches de julio de 2006, y que estuvo únicamente 52 minutos y se fue. «Estuve toda la noche de servicio. Nunca vi comer a ninguna interna con policías, aunque algunas estaban en la sala de al lado ya que iban a por café o agua», aclaró este agente.

El exjefe de Seguridad del CIE relató que uno de los letrados le habló de las supuestas fiestas a las que eran invitadas las internas en las tórridas madrugadas de aquel julio de 2006, y en las que se consumían bebidas alcohólicas y comida con el fin, dice el fiscal, de que las inmigrantes se avinieran a tener relaciones sexuales con los funcionarios. El jefe habló con dos de las internas que denunciaron esas cenas, se lo confirmaron e hizo una minuta explicando los hechos.

Él también negó tocamientos y caricias a las inmigrantes y relató que, como el CIE estaba en obras, en algunas ocasiones atendía a las internas recién llegadas en su despacho, siempre con la puerta abierta. Además, había un ventanal grande detrás de donde se sentaba y la dependencia se podía ver desde fuera. «Nunca estuve a solas con ellas, y la puerta estaba abierta», dijo a preguntas de su abogado defensor.

También alegó ignorar que una de las testigos hubiera tenido relaciones sexuales con dos funcionarios, y señaló que si se intervenían drogas a las internas, en seguida se daba cuenta a la Comisaría Provincial.

El quinto y último de los procesados en declarar negó también haber participado en las fiestas y aseguró que no tuvo relación alguna con una de las testigos denunciantes, de la que dijo que siempre estaba «liándola y dando guerra».

Estas tres declaraciones coinciden con las de sus dos compañeros, que negaron los abusos y la existencia de fiestas o de regalos a las inmigrantes, comida, bebida o cosméticos entre ellos.

Los policías se juegan penas que van desde los dos a los 10 años de prisión por delitos de abuso sexual con consentimiento viciado, un par de veces con acceso carnal. De momento, se siguen realizando gestiones para localizar a 11 de las 19 testigos protegidas para que declaren en el juicio.