Los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados españoles a través de ejecución hipotecaria continuaron su tendencia a la baja en el verano de este año, hasta llegar en septiembre a un total de 58.604 en el acumulado del año 2013, un 12,9% más que en los nueve primeros meses del año anterior, según la estadística presentada ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el caso de la provincia de Málaga, sin embargo, la evolución interanual arroja un incremento: este año llevamos ya casi 3.000 nuevos procesos de ejecución hipotecaria -exactamente 2.995-, lo que representa un 4,2% más en relación al mismo periodo del año anterior. En cualquier caso, la provincia cerrará 2013 lejos de los máximos que se alcanzaron en 2009 y 2010, que registraron entre 4.300 y casi 4.500 casos por ejercicio,
El informe del CGPJ, que añade los datos del tercer trimestre de 2013, recoge además 49.984 alzamientos practicados en España hasta el 30 de septiembre, de los cuales 12.439 fueron en el tercer trimestre, 18.077 en el segundo y 19.468 en el primero, aunque no se ofrecen datos del mismo periodo del año pasado para poder comparar. Málaga, por su parte, presenta 2.235 desahucios practicados a lo largo de los nueve primeros meses del año. En este caso, la única pista para ver si los casos de desahucios suben o bajan la ofrecen la estadística de casos recibidos en los juzgados -lo que no implica su ejecución-: en Málaga han sido un total de 3.035 causas, lo que supone un 3% por debajo del nivel que había en 2012 por estas fechas.
El Defensor pide medidas
El asesor del área de Consumo de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Ignacio Aycart, aseguró ayer que la eclosión de problemas como los desahucios ha supuesto la llegada masiva de quejas al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha comenzado a mediar.
«Nos llegan dramas enormes, con familias llorando porque los iban a desahuciar y no sabían dónde ir», indicó Aycart, que recordó la necesidad que se planteó de solucionar el vacío normativo existente, por lo cual el Defensor comenzó a elaborar propuestas desde 2008. Asimismo, indicó que factores como la presión social y el hecho de que los bancos no necesiten más viviendas en estos momentos han hecho que las entidades se muestren más sensibles en este aspecto. «Pero el problema de fondo es el sobreendeudamiento de las familias y el paro, que las lleva a una situación de exclusión social», agregó. Aycart puso como ejemplo las leyes de sobreendeudamiento de segunda oportunidad, existentes en países como Alemania, Francia y Estados Unidos, por las cuales se garantizan unos ingresos mínimos vitales a los deudores que les permiten devolver sus deudas.
«No podemos dejar a la gente endeudada de por vida, porque se van a suicidar y soluciones como las que estamos hablando no son nada extremistas ya que, si esos países las tienen, por qué nosotros no», se preguntó.
