Justicia

Las apelaciones civiles caen un 22,4% en un año por la ley de tasas judiciales

Las tres secciones civiles de la Audiencia Provincial registraron a finales de 2013 en torno a 3.600 asuntos

07.01.2014 | 12:29
Dos funcionarias, en la Ciudad de la Justicia.
Dos funcionarias, en la Ciudad de la Justicia.

Los efectos de la Ley de la Tasas Judiciales se han dejado sentir lentamente a lo largo del año y casi dos meses que lleva en vigor el texto. En el primer ejercicio de vida de la norma, los casos judiciales cayeron en Málaga un 12%, con especial incidencia en las áreas Contencioso-Administrativa, Social y Civil. Pero ya se ha constatado otro de sus efectos colaterales: las apelaciones civiles contra las resoluciones de los juzgados de Primera Instancia han caído, en 2013, más de un 22%, según los datos a los que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Las tres secciones civiles de la Audiencia Provincial de Málaga acabaron el año con una media de 1.200 asuntos, es decir, 3.600 en total. En 2012, las tres salas registraron a fin de año 4.644 procesos, la mayor parte de ellos recursos de apelación resueltos contra sentencias de primera instancia. Ello quiere decir que las apelaciones han caído un 22,4%.

Y continuará cayendo la cifra, según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, ya que, según explicaron, aún a finales de 2012 y principios de 2013 entraron muchas apelaciones exentas de tasas, pero desde entonces, hasta ahora, el porcentaje de éstas es mínimo.

Los procesos civiles suelen ser reclamaciones de cantidad, asuntos mercantiles, problemas en las comunidades de vecinos y parte de los de Familia (muchos de ellos, como los que implican a menores, la capacitación de personas o algunos concursos voluntarios de empresas), entre una casuística muy extensa. Apelar este tipo de sentencias cuesta 800 euros y un porcentaje variable del montante económico discutido en el pleito, lo que sumado a los honorarios de los abogados es un desembolso importante.

En el primer año de vida de la ley, que se cumplió el pasado 20 de noviembre, las cifras eran ya muy significativas: en el primer aniversario, se registraron 90.550 procesos en los juzgados de la capital, frente a los 79.762 del mismo periodo de 2013, lo que supone una caída del 12%.

Por jurisdicciones, la fotografía era similar: en la Contencioso-Administrativa –cuando usted se pelea con una administración–, la caída de asuntos era del 24,8%, de 4.704 a 3.353 casos; en la Social, se pasa de 15.126 asuntos a 12.915, lo que supone un descenso del 14,62%; en la Civil, una de las más recurrentes para el ciudadano, el descenso era del 13,3%, de las 49.651 carpetillas a las 43.135. La suma se completa con el área Penal, donde no hay tasas.

La norma se baña en la polémica prácticamente desde su nacimiento, pero su fin era doble y parece que se ha conseguido: reducir el trabajo de los jueces y recaudar fondos para el Estado. En el segundo de los casos, los operadores jurídicos creen que se han recogido más de 100 millones de euros en un ejercicio en todo el país.

El decano de los abogados malagueños, Francisco Javier Lara, asegura que numerosas personas no han podido acudir a la Justicia debido a esta ley, lo que significa que existe una Justicia «para ricos y otra para pobres».

Uno de sus principales objetivos durante 2014 es que el Gobierno retire la Ley de Tasas, algo que, en Francia, por cierto, ya ha ocurrido, y eso que las tarifas judiciales eran muy inferiores.

Las tasas logran que se desborde el turno de oficio

El padre de esta ley, otra más, entre las polémicas, es el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien aseguró que las tasas iban a usarse, precisamente, para sufragar el acceso a la Justicia Gratuita. Lo cierto es que las peticiones del turno de oficio se han multiplicado en el primer ejercicio del texto normativo. El artículo 27 de la ley que regula este servicio prevé que el justiciable pueda elegir abogado, que él mismo paga, y que se le nombre un procurador de oficio. En ese apartado, en el primer ejercicio de vida de la norma, las peticiones han aumentado un 92% en un año. El artículo 28 posibilita que un ciudadano elija a un abogado y un procurador, pague a ambos, pero no haga frente a las tasas. Esa modalidad, según los datos aportados entonces por el Colegio de Abogados, se multiplicó un 426%. Datos que en apenas un mes y medio habrán seguido creciendo. De cualquier forma, muchos operadores jurídicos están de acuerdo con las tasas, pero más moderadas que las contempladas en el texto, que prevé desembolsos de entre los 50 y los 800 euros según el caso y la jurisdicción, dicen las fuentes.

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