A pesar de las exhibiciones de euforia de los últimos meses, o quizá precisamente por eso, España sigue sumergida en la especulación sobre el estado real de su economía. Más que un país parece una peonza, pura carne de diván, dando vueltas y vueltas alrededor de índices que desde hace algo más de un lustro no dejan de decir los mismo. La crisis resulta que es ahora relativa. La clase media pierde poder adquisitivo. Y al mismo tiempo el Gobierno de Rajoy se refresca el ánimo con lo que considera como buenas perspectivas. Burgos, Washington, risotadas, barómetros, chillidos. ¿Qué dicen los economistas? ¿La situación está a punto de enmendarse o de precipitarse de nuevo al vacío? Antonio Roldán opta por la prudencia, pero sin abandonar un discurso que mezcla la crítica con el peso de las cifras. Aún falta. Resta por determinar cuánto.

Los últimos informes socioeconómicos, a pesar de recoger un ligero optimismo hacia la recuperación, apuntan al desmantelamiento de la clase media. ¿Hasta qué punto se ha abierto la brecha?

El periodo de recesión ha tenido un efecto devastador sobre los ingresos de las familias. Fundamentalmente, de la clase trabajadora. Desde 2008 se han perdido 4 millones de puestos de trabajo: las cifras están ahí, han bajado en 8 puntos los costes sociales y laborales, se han degradado los salarios. Incluso indicadores como los que se emplean a nivel europeo hablan de un tasa de pobreza y exclusión cercana al 28 por ciento. Evidentemente, con esos números es difícil mantener ciertos niveles de bienestar. Y más aún con políticas de austeridad como las que se han aplicado, priorizando en todo momento la consolidación fiscal y el control del déficit.

La solución no se antoja fácil. Y menos con las restricciones al gasto público que impone la Unión Europea.

Lo primero que hay que tener claro es que el gasto público no se ha reducido en todas las partidas. Lo ha hecho a nivel social, pero no podemos olvidar, por ejemplo, el apoyo del Estado a las instituciones financieras que han solicitado liquidez en forma de rescate bancario. Del préstamo de 100.000 millones concedido por la Unión Europea, España ha utilizado en este concepto más de 43.000. Este aval público ha dado lugar a una socialización de pérdidas en el sentido de que el Gobierno ha asumido como deuda pública una deuda que inicialmente era privada. Y eso comporta unos compromisos que impiden dar cobertura a otras necesidades sociales.

¿Qué consecuencias a medio y largo plazo puede comportar este paso atrás de los hogares? ¿En qué medida se puede reactivar un país sin dinero para el consumo?

Las consecuencias no son, ni serán, una sorpresa. Hay una programación del empobrecimiento. Los economistas llevamos tiempo hablando de ello. En el periodo anterior a la crisis la economía española crecía a horcajadas de dos grandes motores: el consumo interno y la inversión en equipamiento de las empresas. Ahora, la depreciación salarial ha abatido la demanda de los españoles y las empresas no invierten tanto porque a su vez las perspectivas para encajar su producción son menores. Sobre todo, por esa caída en la capacidad de gasto de las clases medias. Es decir, y ahí está la paradoja, de sus propios trabajadores. La economía ha pasado a depender del exterior. Y eso nunca es suficiente.

Últimamente, sin embargo, son muchos los que confían en una pronta recuperación. Incluida Christine Lagarde.

Hay ciertos síntomas, pero por desgracia son todavía muy leves. Las expectativas del Gobierno y de la Junta aluden a un crecimiento del PIB que en el mejor de los casos será del 1 por ciento. Para crear empleo neto se precisa que esa cifra sea por lo menos el doble. Y que la productividad sea más real que aparente. Fíjese en la balanza de exportaciones; es cierto que arroja un saldo favorable, pero también porque se han reducido drásticamente las importaciones. Básico: recuperar el consumo y la demanda interna.

¿Alguna sugerencia?

Por supuesto. La más elemental, que haya más gente trabajando, con más seguridad y con un nivel salarial más alto. Y para eso se precisa convertir al empleo en el centro de la política económica, cosa que, a diferencia de Estados Unidos, todavía no se ha hecho. Es más, en España se reformó la Constitución para convertir el pago de la deuda en el objetivo prioritario; por encima, incluso, del bienestar de los ciudadanos. Se hizo una apuesta de apoyo a los más poderosos. Y de manera sumamente equivocada, porque no había necesidad de una decisión tan draconiana; se podría haber optado por una fórmula más progresiva para tratar de conjugar el pago con el crecimiento, que, en el fondo, es la única vía para sanear la economía y atender toda clase de compromisos, incluidos los fiscales.

¿Tan difícil es oponerse a las directrices de Frau Merkel?

Europa está centrada en la filosofía del Banco Central Europeo (BCE) y de Alemania, que comparten una visión de la economía neoclásica. Diría también liberal, aunque esto último entre comillas, porque cuando interesa al poder financiero no dudan en volverse intervencionistas. Esta política, en suma, se basa en la austeridad y el control del déficit. Y con respecto a esto hay que tener en cuenta que España, en el inicio de la crisis, tenía un déficit muy bajo, de apenas el 37 por ciento del PIB. La cifra actualmente, y después de la asunción de la deuda bancaria, ha subido hasta rozar el cien por cien.

¿Es todo culpa de los bancos? Mire que hay quien le sacaría la hoja de servicio de Zapatero.

El aumento del déficit se debe fundamentalmente al rescate. Ahora bien, eso no quiere decir que Zapatero no hiciera cosas mal. No se pude universalizar el gasto público; pienso, por ejemplo, en el cheque bebé, que ni siquiera limitaba el acceso por renta. O aquellas actuaciones en las que se gastaba más en el cartel que en la propia obra.

No le veo muy inclinado a creer en brotes verdes.

Los únicos brotes que verdaderamente se han dado con solvencia son los que beneficiaron a los que se inventaron el concepto. Recuerdo a la ministra Elena Salgado, que casi al día siguiente de dejar la cartera de Economía fue designada en un cargo ejecutivo en Endesa Chile. Ese traspaso, esa política de puertas batientes, del ámbito del que regula al ámbito del regulado. Y que suma tantos nombres. Rodrigo Rato. O el propio Solbes, que ha acabado en el consejo de administración de la empresa que compró Endesa, que dicho sea de paso, ni siquiera era privada, sino una entidad pública de otro país. En concreto, Italia. ¿Qué hay detrás de eso?

¿La vía europea es la única vía? ¿Hay verdaderas alternativas para salir de la crisis?

Existe la alternativa keneysiana, basada en la inversión pública, que fue la que se puso en marcha, y con éxito, durante la depresión de 1929. Evidentemente tiene que tratarse de una inversión productiva, que genere empleo; no falsamente productiva, como los proyectos faraónicos e inútiles que tanto proliferaron en la época del boom. Si conseguimos incitar con dinero público la inversión privada veremos cómo se alza el consumo y se reducen las obligaciones del Gobierno en cuanto a prestaciones sociales.

Amadeo de Saboya decía que los españoles eran ingobernables. Qué no diría ahora, con tanto pillastre y tanta corrupción.

Para mí la corrupción ha sido uno de los grandes desencadenantes de la crisis. Y en este capítulo no se puede dejar de señalar al fraude fiscal; según Funcas, el 23,8 por ciento del PIB del país pertenece ya a la economía sumergida. Eso supone a la administración una merma anual de 80.000 de euros. ¿Qué hay que aumentar el número de inspectores e Hacienda? Por supuesto. Aunque sea caro. Se me ocurren pocos gastos tan útiles. Y más en un país en el que el Gobierno actúa con permisividad sistemática hacia los más poderosos. En España ya llevamos cinco amnistías fiscales. ¿A quién estamos beneficiando? ¿A los que defraudan?

La reforma fiscal no acaba de perfilarse...

El modelo actual es terriblemente desequilibrado e insolidario. Los grandes patrimonios están tributando al 1 por ciento mientras que los trabajadores medios llegan a ceder el 20 por ciento de su salario. O dicho de otro modo, el impuesto de la renta se ha convertido en un impuesto de la renta del trabajo. El 80 por ciento procede los empleados. Y por si fuera poco existen deducciones fiscales que permiten que las grandes empresas reduzcan el pago que le corresponden. ¿Dónde están las rentas del capital? ¿Por qué no se ayuda a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan empleo en España? Sin duda, hay mucho margen para actuar.

¿Demasiada presión para las clases medias?

La clase media se ha visto obligada a asumir una responsabilidad doble: tener que tributar por los que no pueden hacerlo y por sí misma. Y el resto, los más pudientes como si la guerra no fuera suya; pendientes de paraísos fiscales y de labores de ingeniería financiera para minimizar la aportación. Aquí los patriotas son los trabajadores. Los de las rentas más altas parecen que están eximidos.

En su análisis es bastante crítico con el rescate a los bancos. ¿Hubo alguna posibilidad real y no suicida de evitarlo?

Para responder a eso lo primero es remontarse al origen de la crisis y preguntarse realmente qué ocurrió; si la economía explotó fue en gran medida porque los bancos jugaron con unas nuevas reglas basadas en la idea de la desregulación del mercado. A los economistas liberales les gusta flexibilizar todo tipo de mercados, pero no podemos de perder la perspectiva. En la actualidad no hay mercados verdaderamente libres como tampoco hay mercados perfectos; o bien se dan oligopolios o bien concesiones o incluso alianzas para hacer lo que Adam Smith llamaba conspirar contra el público: que unos pocos impongan las condiciones de mercado y su voluntad a los consumidores. Y aquí es donde entra en crisis el Estado y la política. ¿Realmente quién es el que debe regular a quién? ¿Quién regula en la práctica?

Bueno, parece que la partida la gana el poder económico.

Sí, realmente ahora es muy superior al Estado y a la Unión Europea. La prueba está en que algunos países como España no han cedido a las presiones y han aplicado programas de ajuste que han empobrecido enormemente a su población. Y eso, en la medida que se hace pagar a los que no tienen la culpa de la crisis para seguir manteniendo el beneficio, puede muy bien ser llamado terrorismo económico.

¿Europa ha dejado de ser una virtud para convertirse en una trampa?

España al entrar en la zona euro decidió participar en un club que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y estos últimos, son menos reseñados; porque cuando España tenía soberanía monetaria, con la peseta, siempre podía modificar el tipo de cambio y devaluar su moneda para contener la pérdida de competitividad. Ahora no sólo no puede, sino que además, está al arbitrio de una institución, el BCE, que en sus propios estatutos eleva a bien supremo el control de la inflación. Y que incluso se ha permitido subir los tipos de interés en plena tormenta, cuando, en realidad, si la inflación hubiera subido dos puntos, como se barruntaba, no habría ocurrido nada.

Lo que no termina de llegar son fondos del BCE. Al menos, para los que no son la banca.

En ese punto se da una gran paradoja. El BCE presta dinero público a la banca privada con un interés del 1 por ciento y ésta le aplica al Gobierno un 6,5 por ciento por el mismo dinero. En Estados Unidos, la reserva federal sí puede conceder préstamos directos a los estados. Y eso ha sido básico para la recuperación, por ejemplo, de California.

¿Prenderá la mecha de la respuesta social? El Gobierno, por si acaso, con la ley de seguridad ciudadana, ya se ha parapetado.

Actualmente existen muchos trabajadores en permanente rotación, con condiciones muy precarias y atenazados por el miedo a perder lo poco que tienen. Pero ese miedo puede cambiar de bando. Mientras siga el actual proceso de deterioro salarial y el aumento de precios y de impuestos es difícil que la gente supere el temor. Pero también, por otro lado, el estado de ánimo social hace que las circunstancias puedan explotar por razones más o menos cercanas a la cuestión fundamental. La situación, con los datos económicos en la mano, es casi prerrevolucionaria. En el sentido, de la desesperación y la ausencia de oportunidades.

"La emigración de los jóvenes será nuestro talón de Aquiles"

Roldán evalúa los costes sociales de la crisis y aboga por recuperar a toda costa a los que han emigrado

La tasa del paro sigue siendo altisonante. Y, además, cada vez existe menos protección social. ¿España cultiva su propia olla a presión?

El desempleo, como dice, continúa en cifras verdaderamente escandalosas. Y más cuando se atiende a indicadores específicos. El paro juvenil está actualmente en torno al 56 por ciento. Es una auténtica barbaridad, el registro más alto de Europa junto al de Grecia. Y además se amplía la distancia en función del puesto y la duración del contrato. Los directivos y ejecutivos, según la encuesta de estructura salarial, disponen de unas ganancias que superan en más de 2,5 veces el sueldo medio. Sin embargo, los trabajadores temporales están un 32,8 por ciento por debajo en sus emolumentos que los que no lo son. Por no hablar de los contratados a tiempo parcial, que cobran de medio un 50 por ciento menos de lo recogido en el salario medio.

Un panorama poco edificante. Especialmente para los jóvenes. ¿Seguirá la sangría de la diáspora, de la emigración?

Ése es verdaderamente un problema muy a tener en cuenta. España se ha gastado mucho dinero en formar a una generación que probablemente sea la más capacitada de las últimas décadas y que, por mucho que parezca una paradoja, va a producir para países que no se han dejado ni un sólo euro en prepararles. Y no porque haya en sentido estricto una situación de desempleo, sino más bien de no empleo, de incapacidad de generar una oferta de trabajo que pueda absorber la necesidad de los nuevos trabajadores.

¿Cuál será el coste de esta fuga masiva?

El coste será enorme. Cuando los economistas hablan de capital, los neoclásicos se refieren a los trabajadores como capital humano. Un término que a mí particularmente me parece ofensivo, porque las personas no pueden ser consideradas como capital; no son tornillos, ni caballos. En todo caso, se puede hablar de fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo se marcha del país justamente cuando está en edad de ser productiva. Contra eso tenemos que luchar todos los días. Los políticos parece que no son conscientes; viven en su burbuja. Hablan constantemente en la comisión europea de contrarrestar el paro juvenil, pero todavía no hay medidas efectivas sobre la mesa. Es el elemento que más caro le puede costar al país, tanto para su mantenimiento actual como en el futuro, porque al fin y al cabo son los jóvenes los que permiten garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. Y eso incluye a las pensiones. Sin duda, es el principal talón de Aquiles de la economía española para los próximos años. Tenemos que recuperar a toda esa masa de jóvenes para que sean productivas aquí y permitan que se active la recuperación.