­Si los malagueños se divorcian menos por la crisis y las tasas judiciales, la carestía económica también afecta a la pensión alimenticia o compensatoria que pasan los padres a sus hijos y a sus exmujeres. Así, en el último bienio han crecido un 43,7% las demandas de modificación de medias, es decir, los casos en los que un progenitor pide una rebaja de la mensualidad por vástago porque han cambiado sus circunstancias económicas, lo que puede traducirse en una bajada de sueldo o estar en el paro.

Los datos del Juzgado Decano de la capital no dejan lugar a dudas: en 2011, se presentaron en los tres juzgados de Primera Instancia de la capital que están especializados en Familia 574 demandas; en 2012, 683 y en 2013, 825. Ello quiere decir que en un bienio este tipo de procesos ha crecido un 43,7%, hasta casi duplicarse. El abogado Manuel Rincón, de Rinber Abogados, asegura que ahora mismo «es el pleito estrella». También han crecido estos procesos, explica el abogado José Manuel Vázquez, porque el Código Civil ya contempla la custodia compartida, y hay padres en paro, por ejemplo, «que prefieren hacerse cargo de los hijos una o dos semanas al mes y, por tanto, no han de pagar la pensión alimenticia». Este tipo de custodia ha crecido mucho, por lo que los progenitores piden no abonar esa pensión.

La custodia compartida se «ha despolitizado y los jueces son más flexibles. Antes, para que existiera, debía haber mutuo acuerdo. Para que se instaure los padres deben vivir en la misma ciudad, no muy lejos; no deben tener malas relaciones, los menores han de consentir -siempre que tengan más de diez años- y ha de haber solvencia económica», precisa José Manuel Vázquez.

La pensión por hijo se establece en virtud de las circunstancias económicas del cónyuge pagador. Como subraya Vázquez, hay muchos exempleados de la construcción que en los años del boom económico cobraban en torno a 3.000 euros al mes. «Si eras arquitecto y pasabas 2.000 euros a tu exmujer antes, ahora, al cobrar menos o estar en paro, pasas menos», aclara.

El abogado Javier Muriel dice que los jueces tratan de propiciar el acuerdo y valoran mucho la postura del fiscal, incluso contra la decisión de los padres, ya que el acusador público debe velar por los intereses del menor. «El criterio para fijar esas medidas consiste en tener en cuenta las condicionantes económicas y personales de las partes; si con el tiempo éstas varían, a peor o a mejor, deben modificarse las medidas para conseguir la finalidad de todo el proceso», precisa.

Este letrado señala que «con la actual crisis no resulta lógico obligar a alguien al pago de 600 euros si cobra el desempleo o el salario mínimo», y apunta que la mínima mensualidad por hijo está en 150 o 200 euros, y la media suele ser de 300, aunque siempre depende de la edad del menor o las necesidades de los divorciados. En algunos casos, los jueces deciden eximir del pago durante un tiempo a los que están en paro o no tienen ni para subsistir.

La picaresca, de cualquier modo, suele estar presente en este tipo de procesos, dado que algunos padres se bajan la nómina en A y cobran el resto en B, o llevan un tren de vida muy superior al que mostraban sus ingresos reales, por lo que los jueces y los abogados suelen estar muy atentos a todo tipo de indicios.

La picaresca sigue presidiendo los casos

El abogado José Manuel Vázquez asegura que la picaresca siempre está presente en este tipo de procesos. Por ejemplo, gente que se pone la nómina real más baja y cobra una parte en B. Incluso, se le dio el caso de un albañil que ganaba 1.000 euros según su nómina y realmente percibía por su trabajo 3.000. «Los jueces buscan muchos signos de apariencia económica: por ejemplo, si uno tiene un BMW y dice que no puede pagar la mensualidad no casa mucho». En este caso, la nómina era de 1.000 euros, pero la juez estableció en la sentencia, tras el trabajo de un detective, que cómo era posible que pagase 800 euros de alquiler, tuviera un BMW y fuera al gimnasio todos los días si cobraba únicamente 1.000 euros.

En la mayor parte de los casos, los jueces suelen buscar esos signos de apariencia económica, pero en otros los jueces sólo deciden las pensiones alimenticias en base a lo que se acredita en el juicio, por más sospechas que haya. «Tú no puedes decir que en los años del boom cobrabas mil euros siendo ferralla, por ejemplo, cuando todo el mundo sabía que en Sotogrande se cobraba 3.000 euros mensuales», precisa. Algunos se hacen incluso despedir y trabajan en negro.