Fuentes del Obispado de Málaga insistieron ayer en que la amonestación recibida por parte de la Junta de Andalucía por imponer el uso obligatorio del uniforme a sus alumnos «no tiene nada que ver con este caso» analizado. Según aseguraron, el Gobierno andaluz ha «aprovechado» la celebración de la comisión de conciliación para tensar la cuerda y «ver dónde podía pillarnos», pero está al margen de la reclamación de la familia del menor con disforia de género. La Fundación Diocesana de Enseñanza insiste en que, en su día, la Fiscalía Andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual archivó la investigación al centro al considerar que la actitud del mismo «no era constitutiva de delito».
