El nuevo sistema de facturación de la luz entró en vigor el pasado martes, 1 de abril, aunque las compañías tendrán tres meses de prórroga para aplicarlo. Los usuarios podrán optar entre un modelo voluntario de precio variable o uno alternativo a precio fijo, algo más caro. La facturación también dependerá del tipo de contador que tenga el consumidor, aunque en el año 2018 todos deberán ser analógicos. Las críticas arrecian contra el «lío» del sistema aprobado por el Gobierno, que no convence ni a las asociaciones de consumidores -aseguran que el consumidor no puede conocer el precio del servicio que contrata- ni a las eléctricas, que consideran excesivo el intervencionismo del Ejecutivo. A continuación se desgranan sus claves.
A quién afecta El nuevo sistema sustituye a la Tarifa Eléctrica de Último Recurso (TUR), y ahora se denomina Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Afecta a todos los usuarios que tengan contratada una potencia inferior a 10 kilovatios y que siguen con la tarifa regulada. Se estima que en estas condiciones hay unos 17 millones de contratos de un total de 27 millones.
Periodo de transición El PVPC entró en vigor el martes, pero el Gobierno ha dado a las compañías un plazo de tres meses para implantarlo. Durante ese tiempo, las eléctricas que se acojan a la prórroga (se supone que todas porque ellas mismas la habían solicitado) tendrán que aplicar el precio fijado por el Ejecutivo para el primer trimestre del año, 48 euros el megavatio hora.
Las devoluciones El real decreto que estableció ese precio también obligaba a las eléctricas a devolver dinero si el precio de la luz en el mercado era inferior. Según los cálculos del Gobierno, las comercializadoras tendrán que devolver un total de 300 millones de euros cobrados de más en el primer trimestre del año. Si durante el periodo de prórroga el precio medio en el mercado mayorista es inferior a los 48 euros por megavatio hora, también tendrán que devolver lo que cobrarán en exceso.
El importe de la devolución depende de las condiciones de cada usuario. Según el Gobierno, a partir de julio las eléctricas deberán devolver una media de 17 euros a cada usuario. Según las cuentas de las organizaciones de consumidores, esa cuantía se debería elevar, de media, a unos 40 euros. El Ejecutivo obliga, en todo caso, a las compañías a especificar la devolución en las facturas.
El nuevo sistema Desaparece el modelo vigente hasta diciembre, en el que el Gobierno establecía un precio fijo al trimestre que venía a suponer la mitad del recibo, y el resto dependía de la subasta Cesur, en la que participaban intermediarios y las propias eléctricas. A partir de ahora, los consumidores pagarán la electricidad consumida a un precio medio del mercado durante el periodo de facturación.
Los contadores Los consumidores que tengan contador digital pagarán cada hora de consumo el precio exacto al que cotizaba a esa hora en el mercado mayorista («pool»). A los usuarios con contador analógico, que son la mayoría, se les cobrará la media de cotización bimestral según los datos de Red Eléctrica de España (REE), que es la compañía que gestiona las redes de alta tensión y los flujos de electricidad. Los precios diarios se podrán ver en su página web, www.ree.es. Las compañías están obligadas a cambiar los contadores para que todos sean digitales y no es necesario que los usuarios lo soliciten. En la actualidad hay unos tres millones de contadores digitales, pero muchos de ellos tendrán que ser reprogramados para que puedan hacer las mediciones horarias.
Las opciones El consumidor que prefiera pagar un precio fijo anual tiene dos opciones. Uno es negociar una oferta individual de libre mercado con una de las compañías, y el otro es acogerse al contrato que el Gobierno obliga a las eléctricas a ofrecer con vigencia de un año. Según los expertos, esta modalidad será previsiblemente algo más cara en prevención de una posible subida de la luz.
El bono social El Gobierno mantiene el bono social de la luz, creado en 2009 y que consiste en la congelación de la tarifa eléctrica para potencias inferiores a 3 kilovatios (kW), pensiones mínimas, familias numerosas y familias con todos los miembros en el paro. La diferencia está en que ahora el descuento máximo es del 25%. Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el último trimestre del año pasado era del 25,6% para 2,5 millones de beneficiarios.
Las simulaciones La CNMC tendrá en su página web a partir del próximo día 15 de abril un comparador de ofertas de las compañías eléctricas. Además, incluirá un sistema de simulación de facturas, en el que el usuario podrá comprobar si su recibo es correcto. Para ello tendrá que introducir el día inicial y el final del periodo de facturación, y el consumo y la potencia que tiene contratada. En pantalla aparecerá el precio final que tendrá que abonar el consumidor y que podrá comparar con su factura.
El ahorro El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, aseguró que el nuevo sistema de facturación permitirá un ahorro del 3%, pero ni las eléctricas, ni los consumidores, ni los expertos, ni la CNMC han respaldado de momento esta tesis. En lo que sí hay coincidencia es en que, al menos en principio, se evitarán subidas tan desmesuradas como las que se registraron en los últimos años. Y es que en los últimos seis años el recibo de la luz se ha encarecido un 70%.
Composición del recibo La composición de la factura eléctrica cambió el pasado 1 de febrero. Desde entonces, la potencia contratada pesa más, al pasar de representar el 35% de la parte regulada del recibo a suponer el 60%. Por el contrario, la parte ligada al consumo reduce su ponderación del 65% al 40%. Esta medida perjudica más a los hogares con dificultades económicas, porque el ahorro del consumo no se reflejará proporcionalmente en su recibo, aunque según el Gobierno se adoptó esta medida para favorecer a las familias con hijos.
