­La Junta de Andalucía cree que lo único que se le puede reprochar en el asunto del presunto fraude en cursos de formación para desempleados es «lentitud» a la hora de revisar los expedientes para verificar que las acciones formativas habían sido realmente impartidas. Fuentes del Gobierno andaluz explicaron ayer a este periódico que en el año 2010 -ejercicio en el que se centran de momento las pesquisas policiales en Málaga- se impartieron unos 1.000 cursos de formación en la provincia y reconocieron que el limitado personal que se dedica a fiscalizar los cursos provoca que muchos de estos expedientes estén todavía abiertos y pendientes de comprobación.

Estas fuentes confirmaron que el pasado mes de enero un inspector de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF) se personó en dependencias de la Junta -la competencia es desde hace algo más de un año de la Consejería de Educación, que la heredó de Empleo- con un listado de 17 empresas que habían sido beneficiarias de cursos para desempleados que incluían además un compromiso de contratación durante unos meses para el 60% de sus participantes.

El inspector solicitó en ese momento los expedientes de estas empresas, pero no cursó esta solicitud por el registro sino dirigiéndose personalmente a los responsables del departamento. La intención de la UDEF, según explican las fuentes consultadas, era que la investigación se realizase con «total discreción». La documentación fue entregada en todos sus extremos el 7 de febrero, tal y como constató ayer el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Desde entonces, no ha habido más contacto de la Junta con la UDEF, aunque sí se sabe que algunos de los desempleados apuntados a estos cursos han recibido llamadas de agentes para confirmar si la acción formativa se había celebrado. Cada una de las 17 empresas investigadas pudo recibir de uno a tres cursos en aquella convocatoria. El 75% del dinero para el curso se da al inicio del mismo, y el 25% restante una vez que se inspecciona y certifica que se ha impartido.

La Junta de Andalucía, según explican varias fuentes, realiza controles aleatorios del 30% al 40% de los cursos subvencionados desplazándose al mismo centro de formación. Ademas, el 100% de los cursos es comprobado documentalmente. El problema es el ritmo al que se realizan estas verificaciones.

De hecho, de los 17 expedientes solicitados por la UDEF tan sólo hay uno ya finalizado (y donde, según explicó ayer mismo Alonso, ya se ha solicitado el reintegro parcial del dinero). El resto sigue pendiente de fiscalización por parte de la Junta.

«No hay personal suficiente para hacerlo más rápido. Es verdad que si algo se puede achacar a la Junta es de lentitud en la tramitación, de falta de agilidad», insistieron. En teoría, el plazo para comprobar que el curso se ha celebrado de forma preceptiva es de seis meses. La mayoría de los cursos adjudicados en 2010 se celebraron a lo largo de 2011 y, algunos en 2012, comenzado el proceso de justificación en 2013.

Lo que sí defienden estas fuentes es que el proceso de adjudicación de los cursos se ciñó a lo estipulado. Es cierto que los cursos para desempleados se adjudican por concurrencia competitiva (con el correspondiente baremo de puntos); sin embargo, los cursos que además ofrecen compromiso de contratación -como es el caso de los investigados en Málaga por la policía- son otorgados siempre, una vez que se comprueba que la empresa concurrente cumple con los requisitos previos. Así sucedió en aquella ocasión con las 17 empresas investigadas. De alguna de ellas, incluso, ya se tenían referencias de otras convocatorias.

«Algunas llevaban tiempo en esto y tenían ya cierto crédito», constataron. En todo caso, la investigación policial seguirá ahora su curso.