El Colegio de Arquitectos de Málaga exigió ayer a la Consejería de Fomento y Vivienda que se ponga al día en los pagos de honorarios que adeuda a este colectivo «antes de embarcarse en nuevas inversiones y subvenciones en renovación de viviendas». El decano del Colegio, Antonio Vargas, informó de que la deuda en la provincia asciende a 340.000 euros, una cantidad que consideró «importantísima» para los arquitectos pero «difícilmente abrumadora» para la Junta de Andalucía.

La persistencia de la deuda ha terminado con la paciencia del colectivo de arquitectos, con deudas que se remontan a hace tres años. «En numerosas reuniones con los representantes de la Consejería, este colegio viene reclamando el cumplimiento de las obligaciones contraídas con muchos de sus colegiados, sin que hasta el momento se nos haya ofrecido más que una dilación tras otra», apuntó Vargas.

Según el Colegio, se trata, fundamentalmente, de programas de rehabilitación de viviendas gestionados por la antigua Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) -hoy denominada Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía- en los que la administración asumía la contratación de los arquitectos. En 2011, apuntó Vargas, se paralizó la supervisión de los proyectos ya redactados y se suspendió el pago de honorarios así como las subvenciones a las comunidades de propietarios, «que ven deteriorarse sus edificios sin posibilidad económica de afrontar las obras». El mismo camino han seguido los últimos concursos de arquitectura convocados por la antigua EPSA.

«Estamos hablando de un colectivo de autónomos especialmente castigado por la crisis del sector que enfrenta su sexto año sin apenas ingresos ni cobertura social, trabajadores por cuenta propia que ven cómo los ahorros procedentes de su trabajo -y no de difusas especulaciones cuyos culpables son más fáciles de encontrar en la misma administración que se resiste a pagar- se van acabando sin que las perspectivas mejoren. De familias que están atravesando graves dificultades económicas y que cuentan con estos ingresos para sobrevivir», expuso el decano.

En el Colegio afirman ser «conscientes del difícil momento presupuestario», pero dicen no entender «que un solo colectivo tenga que cargar con las consecuencias cuando vemos que, sin salir del sector, los constructores tienen planes de pago que se van cumpliendo».

«No parece que satisfacer esta obligación en un plazo breve vaya a suponer un desequilibrio para una Consejería que anuncia por estas mismas fechas un nuevo programa millonario de impulso a la construcción, ahora bajo la socorrida etiqueta de la sostenibilidad», señaló.

Vargas aseveró que los arquitectos forman parte del sector al igual que albañiles o contratistas y añadió que los servicios profesionales se tienen que remunerar «sin prejuicios infundados ni distingos que se adivinan ideológicos».

«Nuestros compañeros merecen un trato justo y equitativo: han prestado un servicio y deben cobrar por ello. Puede hacerse, debe hacerse y es de justicia», concluyó.

Por su parte, el delegado de la Consejería en Málaga, Manuel García Peláez, admitió que su departamento adeuda dinero a los arquitectos aunque precisó que no cree que la cuantía sea «tan alta» como apunta el Colegio.

«No sabría precisar la cantidad con exactitud pero me parece algo excesiva», afirmó García Peláez, que recordó que hay mecanismos dispuestos para tratar de paliar el débito a lo largo de los próximos meses. La Consejería recordó que los planes de choque y rehabilitación puestos en marcha desde 2012 han contado ya con algunos pagos, aunque admitiendo que hay deudas que siguen sin abonarse. «Está claro que hay pagos pendientes de la antigua EPSA. Pero todo el que tenga las facturas y los documentos correspondientes terminará cobrando», dijo.