­El caso Nilo, contra la proliferación de las conocidas cartas-estafa de lotería nigeriana, ha desatado el miedo al contagio del ébola en la Ciudad de la Justicia. Según pudo saber La Opinión de Málaga de fuentes judiciales, los funcionarios de la Sección Novena de la Audiencia Provincial solicitaron, a través del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la suspensión de una serie de comparecencias con ciudadanos nigerianos previstas para el 16 y 17 de octubre en la sala, dado que días antes la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado la alerta sanitaria en el país africano. Sin embargo, las diligencias se celebraron y no recibieron indicación alguna de la Junta de Andalucía en materia de seguridad, denuncia la central.

Fuentes judiciales alertaron de que a la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía llegó una carta del sindicato en la que se hacía alusión a la «indignación» de los funcionarios de la Sección Novena, ya que la pasada semana fueron citados varios ciudadanos imputados en el caso, la mayor parte de ellos nigerianos, para llevar a cabo diversas actuaciones judiciales. Esto lo confirmó ayer el propio colectivo sindical.

Sin embargo, según explicó el responsable del sindicato en Málaga, Juan Antonio Luque, «los compañeros empezaron a preocuparse cuando supieron que varios de estos ciudadanos venían directamente de su país de origen». Asegura el secretario provincial del STAJ que los empleados se pusieron en contacto con la Junta en dos ocasiones para pedir información sobre los posibles riesgos a los que se enfrentaban, «pero nadie les contestó».

Finalmente, el 16 de octubre pasado se celebraron las comparecencias con varios ciudadanos procedentes de su país ya que viven allí, indica el sindicato, de tal forma que las mismas se efectuaron en el despacho de la secretaria con la correspondiente intérprete y un funcionario. STAJ recuerda que la OMS ha declarado la alerta en relación con el virus ébola en Nigeria, la cual acaba el 20 de octubre.

Los funcionarios sienten el «lógico temor», dice Luque, y reclama a la administración que tome las medidas necesarias para garantizar su salud, ya que las comparecencias volverán a celebrarse de nuevo en próximas semanas.

En el correo de queja que remitió el STAJ a la Junta, el sindicato aseguraba: «Ante la citada alerta y la lógica preocupación de los trabajadores resulta responsable para la prevención de la salud que las citadas diligencias puedan trasladarse a días posteriores al 20 de octubre en que finaliza la alerta sanitaria en Nigeria».

Por ello, la central sindical exigía al jefe de personal de la delegación autonómica que interviniera para retrasar las diligencias, «dado que desde 2005 el procedimiento está vivo y no supondrá ningún perjuicio».

Aseguraba en esa misiva el sindicato que las comparecencias debían hacerse, como finalmente ocurrió, en presencia de la secretaria judicial, por lo que, de no ocurrir así, podría incurrirse en nulidad de la actuación. «Naturalmente los funcionarios deberán negarse a infringir la ley y pedir que la actuación se haga conforme a ella», insistió el sindicato.

En opinión de Luque, «lo importante es la creación o envío de un protocolo específico para el personal de Justicia», y por ello se pidió el retraso de las declaraciones previstas para esos días de las personas procedentes de países de riesgo hasta que terminase la cuarentena, es decir, hasta el 20 de octubre.

«STAJ ha pedido formación e información tanto al Ministerio de Justicia como a la Junta, porque actualmente lo que se nos ha mandado por parte de las autoridades es un protocolo muy genérico que parece hecho para sanitarios y otro para forenses y personal auxiliar del Instituto de Medicina Legal (IML)», dice.

Lo cierto es que lo que exigen es un protocolo con pasos básicos de seguridad para todos los profesionales que tratan con ciudadanos que en muchos casos vienen de esos países, recalca, por ejemplo los funcionarios del registro civil, los de los juzgados de instrucción o de primera instancia «y más aún en zonas como Málaga, a las que llegan tantos inmigrantes».

En comunicaciones anteriores se les contestó por parte de la Junta que «los funcionarios no tienen un riesgo específico». «Para este caso, pedíamos que algún experto nos dijera si debíamos aplazar la comparecencia o no y si había alguna medida de prevención que pudiera adoptarse al respecto, pero no se contestó a los empleados», agregó Luque.

Fuentes judiciales indicaron que la comparecencia se celebró con normalidad «como ocurre con todas las diligencias».