Justicia

Los empleados del archivo judicial llevan dos meses sin cobrar sus salarios

Los cinco trabajadores de la adjudicataria amenazan con paros si no les paga lo atrasado

21.10.2014 | 05:00
Imagen de una funcionaria transportando varios expedientes en agosto de 2013.
Imagen de una funcionaria transportando varios expedientes en agosto de 2013.

­El servicio de archivo judicial de la Ciudad de la Justicia, que actualmente desarrolla la empresa Innova Data Center, arrastra problemas de nuevo. Algunos funcionarios han criticado que los expedientes que piden les llegan tarde y que algunos no se encuentran, lo que achacan a que hay menos trabajadores de la cuenta y a que éstos llevan dos meses sin cobrar, lo que ayer corroboró el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) a este periódico.

Cuando Novasoft era la empresa adjudicataria del servicio había 14 personas trabajando, y actualmente son ocho, aunque cinco de ellos llevan dos meses sin cobrar, según STAJ.

Ante esta situación, han amenazado con paros si no les ingresan de inmediato sus salarios atrasados, cada uno de ellos de 714 euros. «Llegaron a un acuerdo de que les iban a pagar agosto y septiembre este mes, pero eso no ha sucedido», explica el secretario provincial del STAJ, Juan Antonio Luque.

A algunos de ellos les debían cinco y a otros cuatro meses en agosto, de tal forma que a unos les pagaron tres y a otros dos para igualarlos y se llegó al pacto de que iban a percibir lo adeudado ahora. Por ello, estos trabajadores están acudiendo a sus puestos de trabajo pero realizan tareas administrativas pero sólo las imprescindibles, fundamentalmente dirigidas a la reestructuración del servicio aunque han ralentizado la producción. La situación podría ir a más si la empresa no hace frente a lo que les adeuda.

Ya protestaron los días 29 y 30 de septiembre, y están preparando un calendario para poner en evidencia la situación que están atravesando. Es más, el sindicato STAJ recuerda que esta empresa recibe ayudas y bonificaciones fiscales por emplear a personas de funcionalidad diversa, es decir, con problemas de discapacidad.

El sindicato recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que el archivo debe estar servido por personal de Justicia, por funcionarios. «Queremos que se les pague, pero el servicio debe ser público», en relación a la concesión que saca cuando toca por normativa la Junta de Andalucía.

Es más, antes había tres miembros de la plantilla de Justicia, personal laboral en concreto, que apoyaba las tareas de archivo, vital para que la Ciudad de la Justicia ande con eficacia, pero lo cierto es que ahora han de hacer frente a un inmenso volumen de papel, dice la central, con la mitad del personal que tenían hace unos años. Y los problemas podrían aumentar.

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