Los afectados por hepatitis C están en pie de guerra. Y no es para menos. Su vida pende de una decisión política y económica que podría resolver su existencia o abandonarla a la suerte.

Cada día fallecen en España doce personas con hepatitis C. Muchos, llegan a los estadios más avanzados sin saberlo pues un 70% de los contagiados desconoce estarlo. En Málaga, son 25.000 los enfermos con esta afección y la mayoría de ellos podría salvarse de una muerte casi segura en caso de que el Gobierno suministrara el medicamento Sovaldi a todos.

El tratamiento, que tiene una duración de tres meses es muy caro, cuesta 60.000 euros. «Pero un trasplante cuesta mucho más del doble», señala Emilio Ruiz, uno de los propulsores de la Plataforma Afectados por la Hepatitis C de Málaga. Explica que la situación en la que se encuentran es de absoluta indefensión pues, pese a las presiones recibidas en las últimas semanas, el Gobierno no hará universal este medicamento. Según el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en 2015 la nueva medicación llegará a cerca de 7.000 enfermos, pero para las asociaciones esta cifra es irrisoria, pues en España hay 800.000 afectados.

A pesar de que el medicamento Sovaldi fue autorizado en España hace ahora un año sólo se ha administrado a unas 500 personas y desde entonces han muerto unos 4.000 enfermos en todo el país. Por este motivo, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C a nivel nacional ha anunciado que se querellará contra la exministra de Sanidad Ana Mato por omisión del deber de socorro.

Por este motivo, el próximo 10 de enero celebrarán una masiva cadena humana que unirá el citado centro sanitario con el Palacio de La Moncloa para entregar una carta en la que le exigirán que los nuevos tratamientos contra la enfermedad se faciliten a cualquier enfermo. En Málaga, la plataforma provincial hará una concentración a las puertas del Hospital Carlos Haya para pedir que este tratamiento llegue a todos los enfermos con hepatitis C, pues cura un 98% de los casos. «Si todos los enfermos tomáramos la medicación nos curaríamos como quien tiene un resfriado», cuenta Ruiz, que no entiende cómo el Gobierno no hace cálculos según el coste eficiencia pues, a la larga, son muchos más los problemas derivados de la patología que el precio inicial del tratamiento. En sus peores estadios causa cirrosis o cáncer de hígado y en muchos casos los pacientes requieren de un trasplante hepático.

De hecho, este malagueño cuenta que los 7.000 españoles que accederán al medicamento son aquellos que están en una situación más delicada, pero lamentó que tras estos hay muchos miles que están a las puertas de entrar en el cuarto estadio. «Qué pasa con los que vienen detrás?», dijo. Pero lo que más lamenta Ruiz es que estos ciudadanos son dobles víctimas, pues la mayoría han sido contagiados en el sistema sanitario y, pese a ello, es la propia sanidad la que le niega acceder a su curación.

«Mucha gente descubre tener hepatitis C en un análisis rutinario tras décadas después del contagio», relata el hombre, que cuenta que en su caso ocurrió en una operación de oído cuando era un niño. «Es una enfermedad que no se manifiesta y, cuando lo hace, es porque está en un estadio muy avanzado», dice.

Y lo más importante. Son enfermos estigmatizados, pues mucha gente los compara con pacientes con VIH. «No se transmite por la saliva, ni por relaciones sexuales. Sólo por la sangre», cuenta Emilio Ruiz, que destaca que tienen todas sus esperanzas depositadas en el tratamiento.

«Nos da igual el Gobierno que lo decida. No hay color político en nuestra salud. Negocian con petroleras, gas, electricidad, ¿por qué no con esta farmacéutica? ¿Por qué no hacen un genérico o negocian un precio razonable? La sanidad no puede permitir hoy día que los enfermos no tomen un medicamento porque dicen que es caro», lamentó.

Así, señaló que dentro de las medidas la plataforma de Málaga no descarta hacer un encierro tal y como ha ocurrido en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en el Hospital Josep Trueta de Girona o en el Provincial de Córdoba para exigir al Gobierno y a la Junta que todos los ciudadanos que lo necesiten pueda acceder a Sovaldi y no los 7.000 inicialmente estimados, pues son sólo la punta del iceberg.