Una vez al año la justicia andaluza acude al médico a realizarse un chequeo aunque el diagnóstico es, desde hace lustros, el mismo. Al menos, en esta ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace autocrítica, algo importante; y, por otro lado, establece con la frialdad que da repasar cifras la realidad del servicio público en la comunidad. Para Málaga, pide ocho nuevas plazas judiciales, eufemismo acuñado en los últimos años para no hablar ni de creación de juzgados, que cuestan mucho dinero y que son un reflejo de la época de vacas gordas, ni de jueces.
Una de esas nuevas plazas, según el TSJA, debería ser para la Audiencia Provincial; dos irían a los juzgados de Primera Instancia de la capital; dos se destinarían a Estepona; uno a los órganos de lo Mercantil de Málaga y otra más a los de lo Penal. Una octava iría a parar a los de lo Contencioso.
Así, persisten los males de siempre, los endémicos, en la administración de justicia. Las sentencias sin ejecutar, o ejecutorias, continúan siendo un quebradero de cabeza para el Alto Tribunal andaluz. «La situación que presentan los juzgados y tribunales en materia de ejecución de sentencias continúa siendo muy preocupante, ante la elevada pendencia, si bien podemos hablar de una buena labor realizada durante 2014, en que el número de ejecuciones resueltas supera ampliamente el de registradas». En Andalucía, se registraron 227.000 ejecutorias y se resolvieron casi 290.000, aunque al final del ejercicio quedaban sin solucionar 455.930.
En cuanto a las ejecutorias penales, en Málaga se registraron 17.247, quedaron resueltas 25.870 y, al final de 2014, aún quedaban por despejar 17.954. Las sucesivas medidas de refuerzo en los órganos de lo Penal, por tanto, han contribuido a contener un tapón que crece ejercicio tras ejercicio, pero no a que se reduzca.
Conformidades
El TSJA reconoce que no se consigue mejorar la actuación procesal sobre las sentencias de conformidad, «vía que sigue infrautilizada pese a que sus resultados y beneficios son incontestables en aras a mejorar el trato y la atención al ciudadano, reducir costes y tiempo, evitando las disfunciones para la oficina, peritos y testigos, que se desplazan innecesariamente hasta la sede judicial».
Añade el Alto Tribunal que «las repercusiones de una diferente práctica procesal serían evidentes, tanto económicas como de orden personal, eliminando los llamados costes del mal funcionamiento de la justicia». Eso sí, el porcentaje de conformidades en 2014 fue del 44% en 2014.
Mediación penal
En cuanto a la mediación penal, los magistrados del TSJA reconocen que no avanza. «Las administraciones deben involucrarse en la calidad, formación, ayuda material y difusión de la mediación, todavía reducida a iniciativas voluntaristas de corto alcance e impacto. Es más, la mediación intrajudicial debería estar incluida dentro de la oficina judicial para ser utilizado como proceso previo antes de la judicialización del asunto», reflexiona.
El TSJA hace autocrítica, y asegura que hay diferencias de funcionamiento y de tiempos de respuesta en juzgados de similares características, «o lo que es lo mismo, la pendencia media presenta importantes oscilaciones entre órganos de igual carga de trabajo, que no encuentran razonable explicación, por lo que nuestros desajustes no se explican ni pueden justificarse sólo en el plano externo».
