La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ordenó abrir una cuenta bancaria, hace unas semanas, en las que ingresar el dinero que se obtenga con la venta del patrimonio del principal imputado del caso Malaya, Juan Antonio Roca, una suma que, una vez que el Tribunal Supremo dicte la sentencia definitiva de la trama de corrupción, irá a parar al Estado, como pretende la Fiscalía Anticorrupción, o a Marbella, como pidió el tribunal presidido por José Godino en su sentencia.

Fuentes del caso han asegurado que en esa cuenta hay actualmente en torno a dos millones de euros procedentes de la venta de parte del patrimonio de Juan Antonio Roca, operaciones para las que éste da su visto bueno a través de su abogada defensora, Rocío Amigo, y en las que también opinan la Fiscalía, el administrador judicial y las distintas acusaciones, entre ellas el Ayuntamiento de Marbella.

Recientemente, por ejemplo, se han tasado los relojes del exasesor -alguno de hasta 15.000 euros-, y se ha dado luz verde a la reforma de un hotel en Los Alcázares para sacarlo posteriormente a explotación hotelera. Hay quien se ha interesado por alquilarlo pagando la friolera de 300.000 euros anuales. El problema fue que el inmueble se inundó debido a la lluvia y ahora hay que remozarlo, principalmente en cuanto a solería.

Además de ese dinero, se están ingresando los beneficios que da la venta de las naranjas existentes en la finca murciana de La Loma, y estaba prevista la enajenación de unos aprovechamientos urbanísticos del Jefe junto al Hospital de la Costa del Sol, en Marbella, y una casa de lujo en una urbanización mallorquina que, según las fuentes judiciales consultadas, podría haberse truncado.

Este periódico también informó en su edición de ayer de que se ha ordenado el peritaje estos días de los 40 rifles de caza, escopetas y pistolas hallados en diferentes inmuebles del exasesor con el fin de subastarlos después e ingresar ese dinero en la cuenta bancaria recién abierta.

«El dinero de las armas irá a la caja abierta. Esa cuenta nadie puede tocarla, sólo está ahí para pagar las indemnizaciones al Ayuntamiento», precisan las fuentes judiciales.

La Sala del caso Malaya expresó su deseo de que el dinero y los bienes intervenidos, algo que aún no se ha valorado, vaya al Ayuntamiento de Marbella, algo complicado, pues la ley sólo prevé que recalen en un determinado consistorio las responsabilidades civiles derivadas de la malversación de caudales y en Malaya este delito es casi inexistente.

La Sala trató de reparar con su pronunciamiento una deuda moral con la administración local. Ahora, el Supremo debe decidir si ratifica este pronunciamiento en la sentencia del caso Malaya, que lleva cocinando un año el magistrado Juan Saavedra -además de opinar sobre si aumenta o reduce las penas de los cincuenta condenados-. Por otro lado, en el caso Malaya hay fundamentalmente delitos de blanqueo y, como defendió el fiscal de Sala el verano pasado en la vista sobre los recursos de casación, las multas y responsabilidades civiles derivadas de esos ilícitos han de repercutir en el Estado.