Unos cuarenta orientadores de empleo, despedidos por la Junta de Andalucía en diciembre de 2012, se concentraron ayer a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga para exigir a la administración regional su readmisión. También aprovecharon para mostrar su apoyo a 30 de los 70 profesionales malagueños afectados -hay 413 en la autonomía- en el juicio que se celebró en un Juzgado de lo Social para decidir si su despido es improcedente o no.
Portando camisetas y pancartas reivindicativas, los afectados, procedentes de toda Andalucía, se concentraron unos minutos para concienciar a la población del problema que arrastran. Pilar González, una de las afectadas, señaló que de los 413 afectados en la región hay 370 que han recurrido a la vía judicial. «Los jueces nos están dando sentencias diferentes: procedentes, improcedentes y de nulidad. Ahora mismo peleamos porque el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que considera improcedentes los despidos y la Junta tiene que optar por una readmisión o una indemnización».
González incidió en que, con la situación económica que sufre Andalucía, con muchas personas en paro con necesidad de trabajar, «nosotros estamos en la calle». «Estamos dispuestos a entrar en las oficinas de empleo a ayudar a esta ciudadanía, porque están sin mano de obra. Las oficinas se han quedado sin personal. Nos contrataron en 2008, ante el inicio de la crisis, y nos despidieron el 31 de diciembre de 2012, pensando que la crisis se había terminado», señaló Pilar González.
Ésta dijo no entender cómo es posible que, con la situación de paro que existe, ellos estén en la calle. «Se invirtió en nuestra formación mucho dinero de la ciudadanía, nosotros hemos invertido cinco años de nuestra vida en que esos ciudadanos salieran adelante y las cifras lo dicen: los directores de oficina y las secretarías de empleo demuestran que, cuando nosotros trabajábamos, funcionaban mucho mejor las oficinas y el ciudadano estaba más contento», precisó, independientemente de que se fueran elevando las contrataciones como se debería», añadió.
En su opinión, «se necesita esa mano de obra. Estamos en la calle, y la Junta tiene el poder de readmitirnos». Además, recalcó que está señalando todo un calendario de movilizaciones.
«El empleo debe ser prioridad»
Carolina Ortiz, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Málaga, recordó que la movilización se preparó para apoyar a los primeros 30 afectados por los despidos en Málaga, de forma que ahora un juez de lo Social deberá decidir si fueron procedentes e improcedentes. Queda por celebrar el segundo plenario de otro grupo de treinta afectados.
«Las últimas sentencias hablan sobre todo de improcedencia y nulidad y, por tanto, hemos venido a pedirle a la Junta la readmisión de los trabajadores, de los asesores de empleo, sobre todo en momentos como éste en los que el trabajo debería ser prioridad absoluta de todos los gobiernos y sobre todo del andaluz. No sólo para los setenta malagueños, sino para los afectados en toda Andalucía», aclaró la dirigente de CCOO Málaga.
CCOO pide a la Junta que negocie
Carolina Ortiz, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Málaga, acudió ayer a la manifestación en apoyo de los orientadores de empleo despedidos por la Junta de Andalucía a finales de 2012. Así, se mostró favorable a que la administración andaluza se siente con el sindicato para hablar de esta situación y buscar una solución fuera de la vía judicial. «CCOO está de acuerdo en sentarse con ellos», indicó. Así, el sindicato consideró urgente la readmisión de los afectados y pide que los despidos sean declarados nulos. De cualquier forma, aún queda por saber qué decide el juez respecto al primer grupo.
Las claves
ASESORESFueron despedidos a finales de 2012 por los recortes
Los orientadores de empleo, en concreto 413, fueron contratados en 2008 para apoyar a los parados y ayudarles a hacer currículos, presentarlos y darles consejo sobre cómo debían abordar su situación para hallar empleo. El 31 de diciembre de 2012 la Junta los despidió, precisamente por la dureza de la crisis y alegando las restricciones presupuestarias impuestas por los recortes del Gobierno central. Ahora, los orientadores están demandando a la Junta en los juzgados.
EMPLEOLos orientadores reclaman su reincorporación al servicio
Los órganos judiciales obligan a la Junta a readmitirlos o indemnizarlos, aunque lo que ellos quieren es seguir trabajando y formando a los trabajadores sin empleo.
