­El último caso de violencia doméstica en Málaga se ha saldado con la muerte de una mujer de 60 años, vecina de la localidad de Mollina. El hermano de la víctima había denunciado en un par de ocasiones la situación en la que se encontraba la mujer, pero esta se negó a ratificar la denuncia. Como consecuencia, las autoridades jurídicas no pudieron actuar para evitar el fatal desenlace.

En este sentido, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Cuello, en los últimos días ha insistido en que existen más casos, como el asesinato de Mollina, en los que una mujer víctima de malos tratos por parte de su pareja no ratifica una denuncia propuesta por familiares, médicos o cuerpos de seguridad. Con este panorama, «ni la policía ni la Justicia pueden hacer nada», apuntó Cuello. Sin embargo, la directora del IAM también tiene constancia de la existencia de casos en los que la policía ha llegado a efectuar de oficio una demanda después de haber recibido un aviso, pese a que la mujer no quisiera ratificar en última instancia.

Debate por la ratificación

Tras la aparición de numerosos casos de denuncias no confirmadas por las víctimas surge una polémica: ¿ Puede algún ente o autoridad corroborar y validar una denuncia que una mujer no ha hecho, quizá por miedo?

Ana Avellaneda es abogada, trabaja en el Servicio Urgente de Atención a Mujeres Maltratadas (SUMMA) y lleva desde los años 90 trabajando con víctimas de violencia machista, incluso cuando no había leyes que la identificaran y penalizaran. Para Avellaneda «es muy complicado porque, aunque pueda denunciar cualquier persona, el testimonio de la víctima es determinante». También afirma que en el SUMMA reciben muchas llamadas de mujeres que buscan asesoramiento y convencerse para seguir adelante. «Es más habitual de lo que se piensa la existencia de casos en los que las mujeres no denuncian por proteger a sus hijos o por no querer ver a sus parejas en prisión». Aun así, la abogada se opone de forma tajante a que la última palabra en cuanto a la denuncia no la tenga la víctima.

Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga, califica de «bastante complejo adaptar una norma para todos los casos, además de que podría resultar peligroso». Hay situaciones en las que la víctima esté totalmente anulada y necesite que alguien interceda por ella. En término legales, los menores tienen quien vele por ellos, pero no se puede aplicar esto «de manera generalizada» con las mujeres que padecen violencia de género.

Para Ana María Molina, presidenta de la Subcomisión de Violencia de Género del Colegio de Abogados, uno de los problemas para identificar los sucesos de este tipo de violencia es que los hechos suceden en el ámbito doméstico, con lo que se complica aportar pruebas objetivas en caso de que la mujer se niegue a denunciar o ratificar la denuncia de un tercero, sobre todo porque la legislatura española se rige por el derecho a la presunción de inocencia. «Si hay lesiones, partes médicos o la propia policía ha sido testigo, el Ministerio Fiscal puede interceder aunque la víctima no actúa», pero sin pruebas no se puede continuar la investigación.

Con la fallecida de Mollina son ya 22 las víctimas mortales en lo que va de año. El Senado reclama que las instituciones luchen contra esta «lacra» fomentando políticas para promover la igualdad incidiendo en el ámbito educativo, además de auxiliar a afectadas y allegados con los medios necesarios para que salgan de situaciones de riesgo.