Ayer se reunieron en La Cónsula un gran número de trabajadores de los diferentes consorcios de formación para el empleo de Andalucía. Hubo representantes de once de los catorce centros, que denunciaron el incumplimiento de la Junta de la hoja de ruta que debían seguir para solventar los problemas de impagos y nula actividad educativa y exigen una solución antes del parón parlamentario de agosto.
El Consorcio Escuela de Formación de Artesanos de Gelvez, el de Joyería de Córdoba, la Escuela de la Madera de Encinas Reales, el de Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico Albayzín, el de Mármol de Fines y los de Hostelería de Málaga y Baeza, entre otros, sienten que la Junta ataca a su honor llamándolos «enchufados», mientras que ellos recuerdan que son trabajadores públicos que han pasado unos procesos de selección.
Todos los centros llevan varios años consecutivos viviendo en una situación de incertidumbre. «No se puede vivir sin saber si se va a cobrar, si se va a mantener el trabajo... Se nos está tirando a la basura como trabajadores y hay personas que incluso están enfermando», señaló Desirée Ortega, delegada del personal del Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz.
Entre profesores, alumnos y resto de personal son más de 200 las familias afectadas por la dejadez en este asunto. Los trabajadores no alcanzan a comprender las causas del parón administrativo para resolver el entramado y destacan cómo se está tirando la gran inversión que se ha hecho con los centros. La mayoría de estas escuelas han alcanzado reconocimiento nacional y mundial y son referencia en materias de artesanía, joyería, hostelería e incluso del trabajo con mármol y madera.
Además, los centros resaltan la necesidad de su supervivencia porque la Comunidad Europea exige en su Objetivo Europa 2020 el cumplimiento de metas a través de los certificados de profesionalidad que reparten estas escuelas.
Asimismo, según los docentes, actualmente la Consejería de Educación no cuenta con institutos en los que se impartan cursos de FP con certificados de profesionalidad, título que sí obtienen los alumnos de estos consorcios.
Para rizar el rizo, cuando salieron a la luz los casos de fraude en cursos de formación de la Junta de Andalucía, los consorcios pasaron a ser competencia de la Consejería de Educación en vez de Empleo y, ahora, de vuelta a Empleo, no saben exactamente a quién dirigirse para pedir explicaciones.
En la reunión, una portavoz apuntó que, para la consejera, lo único importante es la enseñanza reglada mientras que los consorcios pertenecen a la formación profesional para el empleo, «que también es muy necesaria porque hay personas que se pueden integrar en la reglada». Blas Moreno, profesor de hostelería de Islantilla, destacó que años atrás, Andalucía era un buque insignia y ahora se han «convertido en un vertedero de residuos».
Esperanza Oña, parlamentaria andaluza del PP, acudió a la cita y afirmó que esta semana se reunirá con los centros de Málaga para que en septiembre el curso empiece con normalidad. «Los profesores no cobran, los proveedores no cobran y los alumnos no se forman. Hay que exigir un compromiso de normalización».
