La Junta de Andalucía reiteró ayer que los consorcios escuela de formación para el empleo, entre ellos La Cónsula de Málaga y La Fonda de Benalmádena, estarán en funcionamiento y con sus trabajadores cobrando las nóminas atrasadas «no más allá de finales de octubre» tras un año de paulatina paralización por lo que definió como «problemas económicos». El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, anunció también en el Parlamento andaluz que buscará una solución «paralela» para el CIOMijas, cuya concesión acaba a finales de año y que no está incluido en la relación del decreto para la integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) aprobado el pasado martes.

El consejero aseguró que «la hoja de ruta está clara, ante un problema complejo» y precisó que «cuando se acaben las auditorías se sabrá el total de la deuda». «Ya están auditados cuatro consorcios mientras que el resto estará listo a finales de mes o en la primera semana de octubre, entonces estarán perfectamente auditados y se producirá la cesión al SAE», comentó.

Sánchez Maldonado dijo que en una o dos semanas se llevará al Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria para fijar la cantidad destinada al funcionamiento de los consorcios, que se estima en 12 o 13 millones anuales.

Sobre el CIOMijas, afirmó que «tiene unas condiciones particulares, diferentes del resto de consorcios, con una concesión administrativa que finaliza en diciembre de 2015 y con una situación judicial especial en estos momentos». Por ello, dijo que la Junta «tratará de dar una solución paralela» a este centro y a sus trabajadores asegurando que «no quedará en la estacada». Asimismo, a partir de que se termine la concesión, «se adecuarán estas instalaciones de excelencia a los tiempos actuales».

Fuentes de la Junta precisaron posteriormente que la fórmula de gestión que se aplicará al CIOMijas, del que deberá realizarse la auditoría de activos y pasivos cuando finalice la concesión, aún está pendiente de concretarse pero aseguraron que, sea cual sea, se garantizará siempre «la continuidad de los trabajadores y del consorcio, que tiene un gran valor añadido».

Al margen de eso, el consejero sostuvo que «parte» del problema de los consorcios tiene su raíz en las leyes del Gobierno central que están provocando la «asfixia financiera absoluta» de Andalucía. Sánchez Maldonado resaltó la «implicación» de la Junta de Andalucía con los consorcios e insistió en que «la apuesta por estos centros permanece inalterable».

Por su parte, la oposición culpó de la precaria situación de estos centros a los «incumplimientos e impagos» del Ejecutivo andaluz. Todos los partidos pidieron en comisión parlamentaria «celeridad» y una fecha para que la Junta pague las nóminas atrasadas a los trabajadores. También coincidieron en reclamar que el CIOMijas «esté también en el paquete de integración en el SAE», puesto que «no hay que dejarlo morir y no queremos que se quede fuera por nada del mundo».