Tribunales

Aumentan casi un 30% los delitos por el impago de las pensiones a excónyuges e hijos

La crisis y el desempleo impiden que muchos progenitores puedan hacer frente al pago de las mensualidades aunque también hay mucha picaresca

15.10.2015 | 05:00
Una pareja pasea por una calle de la capital malagueña.

Las redes sociales delatan a los morosos

  • Los juristas consultados por este periódico explican que, cuando un cónyuge dice que no tiene dinero, el juez en el ámbito civil realiza una averiguación patrimonial y, si finalmente no se le encuentran bienes para embargar, acaba siendo declarando insolvente. Eso sí, hay algunos que usan la picaresca para evitar hacer frente a las pensiones alimenticias a los hijos o las compensatorias a sus cónyuges y ocultan su patrimonio, trabajan en negro o ponen a nombres de familiares y amigos coches y casas. «Yo he tenido un caso en el que el padre no pagaba porque no tenía dinero pero sí se iba de crucero a Miami», dice Carlos Cómitre, abogado. ¿Y cómo se pilla al mentiroso? «Las redes sociales, en ese sentido, han revolucionado esto y muchos cuelgan las fotos de sus viajes o de su estilo de vida en Facebook o Instagram», precisa Cómitre. Otros muchos, eso sí, no pagan porque están en paro y atravesando una mala época.

Los juristas consultados aconsejan pedir al juzgado una modificación de medidas si sobreviene un cambio brusco en la situación económica.

­Los delitos de impago de pensiones han crecido casi un 30% entre 2013 y 2014, según los datos de la memoria de la Fiscalía malagueña relativa al pasado ejercicio, de forma que se ha pasado de los 826 a los 1.071 asuntos.

El delito se configura sobre la base de dos impagos consecutivos o cuatro no consecutivos de las pensiones alimenticias a los hijos o compensatorias a los excónyuges, y se castiga con penas de cárcel que van desde los tres meses al año de reclusión y con multas de entre seis y 24 meses, de forma que se establece la cuantía según el nivel económico del afectado.

Los expertos atribuyen a la crisis económica y al alto desempleo el auge de este tipo de delitos. «La cuantía de las pensiones se modifica proporcionalmente conforme a la economía futura de los cónyuges. En época de crisis, muchas personas pierden sus empleos y no pueden hacer frente. Sólo hay dos formas de no incurrir en delito: que la imposibilidad de pago sea cierta y haber pedido una modificación de medidas en el asunto civil. Todo lo demás son excusas que conllevan acabar condenado», explica el abogado marbellí Javier Muriel, quien añade que «la jurisprudencia es clarísima».

Por tanto, antes de llegar al delito, si un hombre, por ejemplo, se queda en paro puede solicitar una modificación de medidas que supone recalcular a la baja la pensión y evitarse el mal trago de que sus impagos le lleven a verse en un banquillo como acusado.

El letrado Carlos Cómitre, director del despacho Ley 57 Abogados, señala que el problema viene porque muchos optan por no pagar directamente. «Quien quiere pagar ingresa 300, 50 o 75 euros y hay gente que no paga nada, o que prefiere hacer frente a la letra del coche que abonar la pensión de los hijos», dice, y recuerda que el año pasado su despacho logró meter a un hombre en la cárcel porque no quería hacer frente a sus obligaciones paternales. «Pagó el día antes de entrar», indica. «Hemos tenido casos de impagos pero el progenitor se gastó el dinero en un crucero», asegura.

«Evidentemente, la crisis ha tenido mucho que ver. Se fijaron pensiones muy altas, acordes con los años 2007 y 2008 porque la gente tenía buena situación económica, pero no se han podido mantener en el tiempo. La gente lo hace mal y, en vez de pedir una modificación de medidas, dejan de pagar. Lo hacen cuando se ven en un pleito penal», precisa.

Reconoce que hay quien tiene y no quiere pagar, pero muchos de los asuntos se archivan precisamente porque algunos «no tienen dinero».

También se han disparado estos delitos, dice Cómitre, porque tras agotarse la vía civil y comprobarse que el afectado es efectivamente insolvente, algunas familias acuden al ámbito penal. Antes, se ha hecho la correspondiente averiguación patrimonial y el juez ha comprobado que el cónyuge no tiene nada que embargar. «En el procedimiento penal tendrá que justificar por qué no pagaba los alimentos», indica.

Lo cierto es que él, como jurista, desaconseja a sus clientes siempre esta vía, «porque al final eso complica mucho las relaciones familiares y los niños no quieren que su padre acabe en la cárcel».

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