La última reforma del Código Penal en relación al aumento de la edad para consentir tener relaciones desde los 13 a los 16 años ya genera consecuencias. La Fiscalía denunció la pasada semana a tres chicos de más de veinte años por supuestos abusos sexuales cometidos sobre sus parejas, tres chicas de 15 años.
En alguno de los casos, se trata de parejas consolidadas que conviven junto a los padres de uno de ellos, según informaron las fuentes judiciales consultadas, que añadieron que se trata, al menos en dos de los casos, de familias de etnia gitana que habitan en barrios desfavorecidos. Los hechos llegaron a la Fiscalía a partir de comunicaciones realizadas por asociaciones que trabajan en el terreno o por los servicios sociales comunitarios. Uno de los casos es de Vélez Málaga.
Los tres jóvenes denunciados tienen 19, 20 y 25 años. En concreto, se les imputa un presunto delito de abusos sexuales, pues el consentimiento de sus parejas, con el nuevo Código Penal en la mano, no sería válido al no tener las jóvenes los 16 años cumplidos. «Ellas habían consentido y mantenías relaciones estables análogas a la conyugal», precisan las fuentes consultadas.
Por este delito, las penas pueden alcanzar los seis años de prisión en el caso de los abusos sexuales. Si hay penetración, se cataloga como agresión y la cárcel podría llegar hasta los 10 años. Ahora, la ley obliga a los fiscales a presentar denuncias de estos casos, dado que antes, al ser los 13 años la edad de consentimiento, estos asuntos eran menos frecuentes y casi circunstanciales, señalan las fuentes.
En Europa, la edad de consentimiento oscila entre los 13 y los 18 años. España era hasta ahora el país con el límite más bajo. Hungría o Austria establecen la frontera en los 14 años y Francia o Suecia, en los 15.
Valoración
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, entiende que «habrá que estudiar caso por caso, pues el Código Penal exige que exista engaño o abuso de una posición reconocida de autoridad, confianza o influencia sobre la víctima». Ello indica que no se puede «entender de manera generalizada como delito».
La abogada Ana Avellaneda ve «correcta» la medida de elevar la edad. «Hay que evitar matrimonios con menores que no tienen madureza sexual. Creo que es una modificación para protegerlos, independientemente de que la madurez va a depender de las características de cada menor», dice la letrada, que señala especialmente este arma como medida para evitar matrimonios concertados «impuestos en determinadas etnias».
