Los polígonos de la capital están en pie de guerra contra la Junta de Andalucía, a la que amenazan con llevarla a los tribunales por aprobar el plan de inundabilidad del Guadalhorce, que frena el desarrollo futuro y las inversiones en cinco grandes polígonos de la capital que acumulan el 70% de las empresas instaladas en suelo industrial.
La Asociación de Polígonos Industriales de Málaga (Apoma) no ha ahorrado críticas a la Consejería de Medio Ambiente, ya que considera un «atropello» que haya ratificado los planes de riesgo de inundaciones de diferentes cuencas andaluzas, incluyendo el del Guadalhorce, con graves afecciones al entorno y sin posibilidad de analizarlo de forma conjunta. Esta ratificación ha dejado a este plan sólo pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros para su entrada en vigor. A partir de ese momento, las inversiones o la creación de nuevo suelo industrial quedará automáticamente paralizado por las exigencias incluidas en el plan de inundabilidad.
La situación de indefensión que denuncian los empresarios les ha forzado a plantear una denuncia en los tribunales, ya que alertan de que pone en riesgo la viabilidad de la mayor parte de los suelos industriales de la ciudad, en concreto de 17 millones de metros cuadrados ya construidos y numerosas zonas planteadas para su desarrollo futuro.
El presidente de Apoma, Sergio Cuberos, insistió en que se tomarán medidas judiciales si no se frena el plan de inundabilidad, que cuestiona el futuro de cinco grandes polígonos de la ciudad, como son Guadalhorce, Santa Teresa, Santa Cruz, Villa Rosa y Santa Bárbara. Además, el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación aprobado por la Junta paralizará la inversión en las zonas declaradas como inundables.
El presidente de los polígonos lamentó que la Junta de Andalucía aprobara el pasado 3 de noviembre este plan «sin aceptar ninguna de las más de 249 alegaciones presentadas por asociaciones, propietarios y empresarios afectados».
La falta de información sobre el impacto de estos planes de inundabilidad y la falta de consulta a los empresarios son dos de las críticas que plantea Cuberos, quien lamenta que la Administración no haya informado sobre «el calado del problema». Así se lo plantearán al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, con el que tienen prevista una reunión el próximo miércoles.
Apoma reclama que el decreto que aprueba estos planes «no entre en vigor» o se apruebe uno nuevo que deje sin efecto el actual «hasta que se ejecuten medidas correctoras» para que las zonas industriales afectadas dejen de ser consideradas como inundables».
«Si sigue adelante el decreto, la actividad se paralizará durante años, ya que no se podrá invertir en las empresas afectadas ni se concederán licencias», recalcó Cuberos.
Por su parte, Manuel Jiménez Varas, de Ius Urbis, afirmó que, desde el punto de vista jurídico, se está cometiendo «un gran error», ya que «no se está teniendo en cuenta la normativa urbana, que dice que, en suelo urbano consolidado, si a un propietario se le priva de su derecho a edificar o se le limita, hay que indemnizarlo».
Los ayuntamientos de Málaga y de Alhaurín de la Torre ya mostraron su sorpresa ante el hecho de que la Junta diera luz verde al Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas cuando siguen abiertas las negociaciones.
