Mercantil

Casi 36.500 parados llevan a sus jefes a los tribunales desde que estalló la crisis

Casi 2.000 empresas se han declarado en concurso de acreedores entre 2007 y junio de 2015, muriendo en torno al 90% de las mismas

29.11.2015 | 05:00

Los procesos ágiles para reclamar deudas, llamados monitorios, han sumado durante la crisis 241.034 asuntos - Expertos piden una mediación más efectiva en el ámbito laboral

­Casi 36.500 desempleados malagueños han llevado a sus jefes y empresas a los tribunales por despidos improcedentes, lo que supone que una quinta parte de los 182.956 parados han acudido al juzgado para pedir la tutela de los jueces al considerar vulnerados sus derechos desde el inicio de la crisis, es decir, 2007, hasta ahora, según los datos recabados por este periódico del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los efectos de la crisis en los órganos jurisdiccionales.

En 2007, fueron 2.710 las demandas de despido presentadas en los 13 juzgados de lo Social de la capital, de forma que en 2008 casi se duplicaron (4.489); el techo, eso sí, se alcanzó en 2009, con 5.630 demandas, de forma que la suma continuó descendiendo hasta 2012, cuando volvió a crecer hasta las 4.888. En 2014, hubo 3.541 procedimientos de este tipo, casi 1.100 menos que en 2013.

Los expertos recuerdan que los despidos tienen tramitación preferente y que la reforma laboral del PP ha cambiado sustancialmente las cosas, ya que, por ejemplo, hoy las empresas no han de pagar salarios de tramitación y, para despedir, pueden alegar tres meses consecutivos de caída de la facturación o de previsión de pérdidas, lo que ha afectado a buena parte del abanico de empresas malagueñas. En total, los trabajadores han de esperar unos seis meses de media para que se resuelva su demanda de despido, aunque depende del juzgado, ya que todos ellos están al borde del colapso pese al refuerzo de dos jueces que rotan entre los órganos.

Carlos Cómitre, director del despacho Ley 57 Abogados, asegura que es la falta de flexibilidad de la normativa la que hace que se dispare la litigiosidad en los juzgados. «Hay muchas críticas a la conciliación previa al juicio; podría hacerse una mediación activa por parte de la administración y que no sólo hubiera un funcionario tomando acta y preguntando a las partes si hay adherencia o no. De hacerse una mediación real sería bastante más útil y descargaría mucho los órganos de lo Social», cree.

Cómitre explica el caso de unos clientes: «Puse en julio pasado dos demandas, una por despido y otra de cantidad; las de despido son urgentes, pero me la han puesto en mayo de 2016 mientras que la de cantidad se vio la semana pasada», para insistir al instante que el problema es que se trata de imponer la mediación en todos los órdenes «por intereses políticos» mientras que los consumidores y empresarios «no han interiorizado esa cultura» de la conciliación.

Pero no sólo en los juzgados de lo Social se está notando la crisis. En los dos órganos de lo Mercantil, de los que el 1 es el más saturado del país, la época de carestía que parece llegar a su fin estos meses, al menos en lo que a números macroeconómicos se refiere, también ha afectado y mucho.

No en vano, 1.905 empresas se han declarado en concurso de acreedores desde 2007 hasta junio de 2015, según los datos del CGPJ. En 2007, fueron 58 las sociedades que se acogieron a esta figura para tratar de sobrevivir, hasta alcanzar la friolera de 326 sociedades en 2012.
En 2014, fueron 249 las mercantiles que hicieron lo propio, mientras que hasta el 30 de junio de 2015 han sido 89, con lo que se aprecia una bajada sensible en los últimos años.

En estos órganos se ha reflejado la voracidad destructora de la crisis de forma considerable, dado que numerosas empresas del ladrillo y del turismo se declararon en concurso, procesos algunos que han tardado varios años en llevar a su final dada su entidad y el número de empleados, como ocurrió con el de Aifos, por ejemplo. Además, la mortalidad empresarial del concurso es, según algunas estimaciones, del 90%.

Carmen Cuenca, responsable de Justicia de CCOO Málaga, califica de «horrorosa» la situación de los juzgados de lo Mercantil y recuerda que el número uno es el peor de toda España. Insistió en que se creó un bis en el uno, y que aún haría falta crear un nuevo órgano «y aumentar plantilla».

El letrado Carlos Cómitre recalca que no se usa el concurso como una herramienta «salvadora, sino liquidadora», e insiste en lo importante que es que el empresario acuda a esta figura cuando los números empiezan a no cuadrar, y no cuando ya se está «en el pozo». «Es una herramienta para que las personas físicas y jurídicas salgan a flote», aconseja.

Eso sí, advierte que es necesario que haya más formación para ser empresario. «Ser administrador de una sociedad limitada tiene implicaciones que te pueden arruinar la vida. La gente deja morir las sociedades, no las liquida, y cualquier acreedor, por ejemplo, puede reclamar la deuda personalmente», señala. Destaca que él ha visto morir a empresas viables «con cierta prevención en el concurso» dejando a cincuenta trabajadores en la calle.

Por otro lado, uno de los indicadores que también refleja a la perfección cómo se comporta la economía real es el de los procesos monitorios, procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas presentando únicamente un documento legal en el que esta se recoja. Es decir, si usted no pagó la reparación de su baño o la tele que se compró, pueden meterle en el juzgado por un papel y el juez le dará diez días para pagar u oponerse. Puede acabar embargado. Estos asuntos han sumado 241.034 desde 2007 al 30 de junio de 2015.

No sólo acuden a él los pequeños profesionales y empresarios, sino que también se reclaman grandes deudas en este procedimiento extraordinariamente ágil.

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