El comité de empresa de Limasa ha advertido de que si a partir del próximo 1 de enero no se ejecuta la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Málaga aplicando el convenio colectivo de 2010-2012 tal como se firmó en su inicio, tomarán medidas "contundentes". Además, ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, y al concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, de "pretender estar por encima del bien y del mal".
Tampoco descartan en ese caso recurrir a la Junta de Andalucía, como Autoridad Laboral competente, e, incluso, al propio Juzgado, según ha señalado el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte (UGT), quien ha asegurado que "buscaremos todas las alternativas".
Una situación derivada de las distintas interpretaciones de un mismo punto de la sentencia. Y es que, para la empresa y el Ayuntamiento, al establecer el juez que el convenio está prorrogado, da a entender que tiene en cuenta las modificaciones posteriores, lo que evitaría, por tanto, la recuperación exigida por los trabajadores de todos los recortes de los últimos años, algo en lo que insistió este pasado miércoles De la Torre.
Para los sindicatos, sin embargo, esa frase significa que el 1 de enero tienen que recuperar todos esos derechos y que el punto de partida para negociar un nuevo marco laboral ha de ser el convenio original firmado en 2010. "No sé si es que han leído al revés la sentencia o el auto en el que se desestima la aclaración", ha ironizado Belmonte.
Éste último ha recordado que en la asamblea del pasado 13 de diciembre, en la que se desconvocó el paro indefinido previsto para el 14, se estableció la posibilidad, en caso de incumplimiento de la sentencia, de que los representantes de los trabajadores convocaran aquellas acciones, incluida la huelga, que estimaran oportunas.
"La culpa no la tenemos los trabajadores", ha dicho a Europa Press el presidente del comité de empresa, haciendo hincapié en que "el convenio de 2010-2012 tuvo el visto bueno del Ayuntamiento". Por ello, ha criticado a éste último por "querer sólo enredar el tema".
Ha subrayado que "tanto el alcalde como el concejal dijeron que iban a respetar la decisión del juez y ahora hablan de las modificaciones posteriores; por tanto, han vuelto a mentir". "No respetan ni una sentencia", ha denunciado.
En este punto, Belmonte ha incidido en que "tenemos el mandato de la asamblea de tomar, ante cualquier incumplimiento, las medidas que consideremos oportunas en defensa de los derechos de los trabajadores".
Para el comité, tanto la empresa como el Ayuntamiento, que tiene el 49 por ciento del accionariado de Limasa, "están quedando en evidencia", preguntándose "por qué se acuerdan ahora de lo firmado en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) en 2012, de un laudo o del principio de acuerdo de 2013".
El representante sindical, que ha vuelto a reclamar la municipalización del servicio de limpieza, ha criticado que "la contundencia contra los trabajadores no la tenga el Ayuntamiento contra los socios privados, que sí vendrán a coger sus beneficios pese a que la ciudad está sucia".
Respecto al nuevo convenio colectivo, Belmonte ha afirmado que "nunca hemos dicho no a las negociaciones". Precisamente, el Pleno aprobó este pasado martes por unanimidad instar al alcalde a retomar "a la mayor brevedad posible" las conversaciones con los representantes sindicales para establecer un marco laboral que aporte la estabilidad laboral necesaria hasta la finalización del contrato en 2017.
Las próximas citas entre empresa y sindicatos serán este martes 29 para organizar los descansos y las vacaciones de 2016, algo que, a juicio del comité, tendría que haberse producido ya durante esta semana, y el miércoles 30 en la mesa negociadora del convenio.
El Juzgado de lo Social número 8 de Málaga dio la razón a los trabajadores en una resolución que es ejecutiva, aunque cabe recurso de suplicación, ya que reconoció como el único marco laboral en vigor el de 2010-2012, prorrogado hasta la adopción de uno nuevo, rechazando así dar rango de convenio a los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013.
Ante esto, Limasa solicitó una aclaración a la sentencia para determinar si había que aplicar el convenio de 2010-2012 tal y como se firmó inicialmente o incorporando las modificaciones posteriores. Una petición que el juez ha desestimado.
