El número de empresas que entró en concurso de acreedores durante 2015 en Málaga fue el más bajo de los últimos siete ejercicios y cumple ya su tercer año en descenso tras alcanzar su pico histórico anual en 2012, justo en el peor momento de la recesión económica. La provincia registró durante el pasado año un total de 112 nuevos procesos concursales en empresas, con una caída de casi el 32% en relación al anterior ejercicio, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2012, el año con más quiebras de la serie histórica, se registraron 192 concursos empresariales. Desde que comenzó la crisis, más de 1.100 firmas malagueñas se han visto abocados por sus deudas a entrar en concurso, ya sea de forma voluntaria u obligadas por sus acreedores.

El decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles, afirmó ayer que esta tendencia a la baja confirma la «mejora de la coyuntura», ya que las empresas «se están defendiendo mejor por la subida de la demanda interna y al aumento de las exportaciones, al margen de que empieza a haber unas mejores condiciones de financiación». Por sectores, el comercio al por mayor fue el sector con más empresas que solicitaron el concurso (18), seguido de las actividades profesionales (16), la construcción y el ámbito inmobiliario (15) y los servicios (14). Del total de firmas, la inmensa mayoría lo solicitó de forma voluntaria. Y por dimensión, más de la mitad eran pequeñas empresas de menos de diez trabajadores.

Robles afirmó no obstante que el actual colapso de casos en los juzgados de lo Mercantil hace que los procesos concursales se dilaten en exceso, lo que lleva a que algunas empresas desistan de coger esta vía y acaben directamente desapareciendo. «El número de empresas que quiebran en Málaga es mayor pero para muchos tampoco es atractiva la vía del concurso de acreedores. Faltan medios a nivel judicial para sacar los procesos con más rapidez», apuntó. En Málaga hay dos juzgados de lo Mercantil pero el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) admite que harían falta hasta diez para el volumen de casos que se reciben. De este modo, procesos que deberían resolverse en un máximo de dos años se dilatan hasta el doble de ese tiempo. La consecuencia es que más del 90% de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación (aunque también es cierto que muchas llegan ya a este proceso en fase terminal).

El decano de los economistas también reclamó reformas en la Ley Concursal para hacerla «más operativa». Entre ellas, citó la necesidad de «dar más autonomía» a los administradores concursales frente al juez. También apostó por cambiar el sistema que considera como créditos privilegiados las deudas con los organismos públicos, algo que a su juicio, dificulta al administrador la solicitud de créditos y el pago a proveedores. Además, Robles consideró negativo que las instituciones tengan poder de vetar un acuerdo en junta de acreedores. «Se da el caso con la Seguridad Social y, sobre todo, con Hacienda. Casi siempre votan en contra e impiden que la empresa pueda salir adelante», comentó Robles.