El Ministerio de Hacienda no levanta el pie del acelerador. Pese a que la inmensa mayoría de los ayuntamientos malagueños cumplen a rajatabla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los años de déficit en las cuentas municipales pasaron a la historia, el departamento que dirige Cristóbal Montoro sigue queriendo tener atadas en corto a las entidades locales de la provincia. Tanto, que les acaba de solicitar su previsión de ingresos y gastos hasta el año 2019. Es decir, durante todo el mandato.
Si Hacienda había solicitado ya a los ayuntamientos sus presupuestos para el actual ejercicio, el Gobierno ha decidido dar un paso más y ahora ha reclamado también la estimación de los años siguientes. Los 103 consistorios malagueños y la Diputación, sin excepción, debían cumplimentar unos formularios elaborados por Hacienda y remitirlos a Madrid antes del 14 de marzo a las 24 horas.
En ellos, las entidades locales debían detallar al máximo el dinero que prevén recaudar, así como todos sus gastos. Las poblaciones de más de 5.000 vecinos han tenido que rellenar un «modelo ordinario» que ya les fue remitido dentro de una guía informativa de 13 páginas. Ese modelo incluía cuatro cuadros estadísticos. El primero, referente a los ingresos. Una de las primeras celdas que se deben completar ya resulta llamativa: «Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias». Todo un aviso a navegantes. El Ejecutivo central ya insta a los ayuntamientos a cuantificar el dinero que prevén ahorrar por incremento de impuestos o eliminación de bonificaciones.
Recaudación
La segunda medida que han debido de plasmar en el capítulo de ingresos también conlleva un repunte de la recaudación derivado de «modificaciones de políticas», tal y como consta en el documento de Hacienda. «Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados», reza. O, lo que es lo mismo, el Gobierno plantea a los consistorios que refuercen las labores de vigilancia para detectar, por ejemplo, viviendas que no paguen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente.
El nivel de detalle que han de alcanzar los municipios para este ejercicio y los tres próximos se aprecia también en los ingresos corrientes. Así, las corporaciones tienen que realizar una estimación de los fondos que contemplan ingresar con el propio IBI, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el de Vehículos de Tracción mecánica, el ICIO... En resumen, de todos los tributos que dependen de los ayuntamientos. Y no sólo eso. También han de justificar por escrito por qué confían en alcanzar esos fondos. Todo ello, en cuanto a ingresos.
El segundo apartado estadístico es el de gastos. El departamento de Montoro refuerza un poco más si cabe en él sus exigencias y propone 16 medidas de ahorro que emanan de «modificaciones de políticas». La primera, la reducción de costes de personal. Madrid solicita a las corporaciones que cuantifiquen el ahorro estimado por tijeretazos salariales o por amortización de puestos y/o despidos. Varias medidas más van por ese camino. Una se aplica a las empresas públicas de las que pueda disponer la entidad local, otra a la limitación de salarios en contratos de alta dirección, otra a la reducción del número de miembros de los distintos consejos de administración que pudiera haber en entidades dependientes... La lista es larga.
Junto a todo ello, el Ministerio también quiere conocer de primera mano el dinero que los ayuntamientos pretenden dejar de gastar con la reducción de asesores. «Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local», reza el cuadro estadístico remitido por el Gobierno. Distintos cargos públicos consultados, no obstante, matizan que en esa casilla apenas se aplicarán ya ahorros. «Hace años que se hicieron los ajustes correspondientes. Ahora ya no toca», coinciden en señalar dos alcaldes de distinto signo político.
Otras «propuestas» llamativas de ahorro de Hacienda son la disolución de las empresas públicas con pérdidas; realizar estudios de viabilidad de todas las inversiones previstas; la mengua de contratos menores; la modificación de la organización de la entidad local; o la reducción en la prestación de servicios no obligatorios, entre otras.
El tercer cuadro estadístico que se debe completar es el referente a la deuda. Las poblaciones malagueñas tienen que explicitar su endeudamiento actual, así como la proyección de su carga financiera para los próximos años. Y el cuarto y último apartado que se tiene que rellenar es el de pasivos contingentes. En él se incluyen, entre otros aspectos, los posibles gastos por sentencias desfavorables o expropiaciones.
La exigencia de remitir toda esta información no es nueva. El Ministerio la viene reclamando desde 2012, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Desde entonces la situación de las arcas municipales ha mejorado de forma notable, pero Madrid sigue sin rebajar la presión.
