El sindicato CCOO de Málaga denunció ayer la situación de precariedad laboral y el alto grado de economía sumergida que sigue sufriendo el colectivo de empleados de hogar -integrado en un 94% por mujeres- y criticó las limitaciones de la normativa española, donde estas personas no están equiparadas en derechos al resto de trabajadores del Régimen General, ya que pese a figurar en el mismo desde el año 2012 lo hacen a través de un sistema especial con distintas condiciones. CCOO recordó que en Málaga hay ahora mismo 12.310 trabajadores de alta en este sistema, un 41% más que hace cuatro años, pero añadió que, según un informe elaborado por el propio sindicato, podría haber otras 8.000 desempeñando estas tareas en la economía sumergida.
El secretario general del sindicato de construcción y servicios de CCOO Málaga, Alfonso Galisteo, acompañado de su homóloga a nivel andaluz, Juana Mancilla, lamentó que con la actual legislación, las empleadas de hogar no pueden acceder a derechos básicos como el desempleo, el subsidio para mayores de 55 años, al cobro de salarios del Fogasa en caso de insolvencia de sus empleadores o a la jubilación por falta de cotización.
El sindicato lleva tiempo reclamando al Gobierno que rubrique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2011, que incluía aspectos relativos a este colectivo laboral, y que proceda a otorgar a las trabajadoras de hogar las mismas condiciones que el resto de integrantes del Régimen General. Galisteo, afirmó también que entre las empleadas de hogar hay un alto índice de ciudadanas extranjeras, con algunos casos en los que han detectado «una situación de semiesclavitud, trabajando de internas sin descanso ni sábados y domingos» y cobrando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El responsable de CCOO también recordó que a partir de 2013 se permitió que la responsabilidad de afiliación pudiera pasar de los empleadores a la propia trabajadora en el caso de aquellas que no alcanzan las 60 horas mensuales en un mismo hogar, algo que, según el sindicato, también termina abocando a muchas a la economía sumergida. «Es una legislación perniciosa. Lo que queremos es que estas personas, echen las horas que echen, tengan que ser dadas de alta, como ocurre con el resto de trabajadores del Régimen General», apuntó.
Los representantes del sindicato también destacaron la desprotección en materia de seguridad que sufre el colectivo, al no estar acogido a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. «En esta situación de irregularidad no es posible conocer los accidentes laborales que se producen en el ámbito doméstico, lo que se ve agravada por la dificultad de la intervención de la Inspección de Trabajo. Si no hay denuncia vía judicial cuando se produce un accidente no puede intervenir la Inspección, al defenderse el derecho a la intimidad de la familia por encima del derecho del trabajador», comentó.
Por su parte, Mancilla afirmó que el Gobierno debe legislar buscando la igualdad de estas trabajadoras al resto. «La OIT y el Pacto de Toledo así lo defienden. En Francia, Bélgica y Suiza, han buscado formas de regular este sector y no entendemos por qué el Gobierno español no ha hecho nada. Esperamos que el nuevo Gobierno sea de carácter progresista y lleve a cabo las reformas necesarias para cambiar esta situación», explicó.
