­La presunción de inocencia es sagrada en España. Es una coletilla habitual de los juristas, pero ¿es una reflexión real? La experimentada periodista de tribunales Marta Sánchez Esparza (El Mundo Málaga) y la abogada Ana Belén Ordóñez Pérez intentan responder a estas y otras preguntas en «Juicios mediáticos y presunción de inocencia», un ambicioso libro publicado por Ley 57 Editorial. En esta entrevista, analizan los asuntos más polémicos en este ámbito.

¿Existe hoy la presunción de inocencia en España más allá del papel?

Para el ciudadano anónimo, cuyo proceso no aparece en los medios, es más fácil que se lleve a la práctica este derecho constitucional. Los personajes públicos que son investigados, sin embargo, juegan con desventaja en esta materia. Su derecho a la presunción de inocencia será salvaguardado en la sala de vistas por el tribunal que le juzgue, siempre que éste sea profesional, pero se le arrebató en el imaginario público en cuanto apareció su imagen en la prensa, asociada a supuestos hechos delictivos.

¿Y los juicios paralelos?

Son inevitables. No se puede amordazar a la prensa cuando relata asuntos de interés general. Y cuando lo hace trata de reconstruir lo ocurrido, como hace un tribunal al escuchar a los testigos y conocer las pruebas. La prensa no puede esperar seis, ocho o diez años para ofrecer una versión de lo que ha pasado. Y la Justicia tarda seis, ocho o diez años en celebrar juicio después de estallar un caso de corrupción. Los medios, mientras, no pueden y no deben mirar para otro lado. Los medios no son jueces, su misión no es sentenciar a nadie, pero sí deben contar lo más fidedignamente lo que está pasando. Y al hacerlo ocurre que interpretan las revelaciones policiales a las que tienen acceso, y rápidamente dibujan un mapa de la situación. El primer día, cuando estalla el escándalo, tenemos ya crónicas sobre modus operandi, el devenir de una trama de corrupción, el papel que ejercían los investigados, las sociedades que tenían... Y todo ello basado tan solo en las hipótesis de partida de la policía, o en informes provisionales que se entregan al juez. Además, en España tenemos una gran ignorancia respecto al funcionamiento de la Administración de Justicia, y eso agudiza el problema, porque el ciudadano medio contempla cómo el día que conoce la noticia un juez envía al implicado a prisión o le impone una fianza. La percepción más común es que se está ante un verdadero juicio. Y el implicado queda manchado ya a ojos de la opinión pública, sin esperar al verdadero juicio, que tiene lugar muchos años después. Habría que hablar por eso más de juicios previos que de juicios paralelos, creo.

¿No han abusados los jueces de las detenciones televisadas?

Yo creo que los jueces actúan cuando reciben información de la policía o la Guardia Civil indicando que ése es el mejor momento de desplegar una operación. No creo que los jueces actúen pensando en las televisiones. Si alguien lo hace es quien puede beneficiarse del éxito de una operación policial, quien puede rentabilizar las consecuencias en el plano político. Es decir, los responsables políticos de la cúpula policial, que puedan estar interesados en ensuciar la imagen del rival o vender determinadas detenciones. Se trata de algo tentador, y todos los partidos caen en ello.

Parece que a la hora de la imputación siempre hay luz apuntando al protagonista, pero cuando es absuelto no se da el mismo interés...

Como digo, han pasado muchos años cuando alguien es juzgado, y cuando recibe condena o es absuelto. La fuerza mediática que tiene el escándalo inicial no la tiene la sentencia. Estadísticamente yo misma he podido comprobar que el número de noticias publicadas sobre el caso Malaya, por ejemplo, durante la fase previa al juicio, fue seis y siete veces superior a las publicadas durante la vista oral. Eso tiene consecuencias.

¿Suelen ser resarcidos los detenidos una vez que se demuestra su inocencia?

Ni los detenidos ni las personas juzgadas y posteriormente absueltas son resarcidas del daño. Algunos de los procesados en el caso Malaya pasaron meses en la cárcel y no se les condenó. Nueve de las personas que aguantaron 199 sesiones del juicio, con la exposición mediática que ello supuso, fueron exoneradas de responsabilidad por la Fiscalía al concluir las sesiones, retirando las acusaciones. Nadie les compensó los dos años de juicio ni los durísimos años previos a la vista. Y en casos tan sangrantes como el de Dolores Vázquez ni siquiera las acciones legales de su abogado han logrado una respuesta positiva por parte de la Administración.

Dolores Vázquez aún no ha sido compensada tras su procesamiento injusto por el asesinato de Rocío Wanninkhof. ¿Es el mayor ejemplo de víctima en un juicio paralelo?

A lo largo de la historia ha habido casos gravísimos de personas falsamente inculpadas, juzgadas y condenadas. En España, desde luego, en el siglo XXI, es el mayor ejemplo de un juicio paralelo en la que se la definió como una malvada asesina desde que fue detenida, y que además repercutió sin duda en la decisión del jurado popular, que la condenó sin pruebas por un delito de asesinato. De no ser por una cadena de casualidades hoy Dolores Vázquez estaría en prisión.

¿Qué análisis hacen de la violación falsa de una chica en la Feria de 2015?

En aquel suceso funcionaron con gran rapidez los clichés y la autoridad de las fuentes oficiales. Una fuente oficial informó a la prensa de que una patrulla policial había detenido a unos jóvenes de una barriada marginal, La Corta, implicados en una violación. La chica había sido hallada llorando y en la calle, desorientada. El ánimo del periodista también cuenta, y en ese momento estuvo del lado de la víctima y contra sus agresores. De no ser por la grabación de un teléfono móvil estos jóvenes estarían también en prisión.