La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, se refirió ayer al tema del amianto en los colegios, que numerosas asociaciones de padres piden que se retire por su peligrosidad. La postura oficial de la Junta de Andalucía es que el amianto se retirará cuando se constate un peligro, a pesar de que no supone ninguna amenaza siempre que no se manipule. De la Calle, quien indicó que la institución «vela por la seguridad» de los menores, añadió que la polémica responde a la necesidad de sacar algún tema por estar en plena campaña electoral.

«Estamos en periodo electoral y hay que sacar algún tema», detalló la consejera. «Es la tónica general en elecciones de buscar algo más llamativo», insistió ante los medios. Sin embargo, las Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) llevan meses de protestas; las primeras por parte del CEIP José Calderón de Campanillas se remontan a 2008.

De la Calle se mantuvo en la misma línea que marcó hace dos días la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y recordó que el amianto es peligroso siempre y cuando haya una rotura. «Cuando se detecta que existe una rotura, se toman las medidas adecuadas; los protocolos están bien descritos», sentenció. Unas declaraciones que chocan con la versión de los expertos. La plataforma Amianto Cero asegura que no es necesario su manipulación para que el materia suponga una amenaza, aunque deben pasar entre 30 y 40 años tras la primera exposición para ver los efectos.

La consejera apeló a las «inspecciones constantes» por parte de la institución para detectar posibles problemas. «Se tiene que actuar cuando los niños desaparezcan, en época de verano, porque cambiar la estructura es complejo y sólo hay unas empresas especializadas», indicó.

Tras tumbar el Partido Socialista y Ciudadanos la Proposición no de Ley en el Parlamento andaluz que instaba a la Junta a contabilizar los centros afectados y proceder a la retirada del amianto, las AMPA han acudido a otras vías. Ultiman los papeles para presentarlo ante la Fiscalía de Menores y han solicitado ayuda a los ayuntamientos y distritos a los que pertenecen para lograr información adicional y demostrar que la vida útil del amianto (40 años) ha culminado o está próxima, lo cual requiere su retirada, según ampara la ley.