­Ha pasado menos de una semana. Un periodo, en general, y con permiso de España y de sus elecciones, demasiado breve, aunque lo suficientemente amplio, dadas las repercusiones económicas de la decisión, para que empiecen a advertirse, y con contundencia, las primeras consecuencias. Las bolsas no esperan y la convulsión del brexit, que ha arrastrado a Gran Bretaña hacia una tormenta perfecta, ha encendido la mecha, provocando un efecto en cascada que ya se desliza hacia zonas aparentemente remotas, pero con muchos lazos financieros con las islas como la provincia de Málaga.

En la Costa del Sol, el trauma de la propuesta de salida de la Unión Europea, junto con su influencia directa en la libra, ha tardado muy poco en traslucirse. Además, con dos movimientos que afectan a las relaciones que definen el vínculo comercial con Reino Unido: el turismo y el mercado inmobiliario, principalmente. Ambos, con los mismos protagonistas e idéntica motivación, la incertidumbre, que ha hecho que muchos británicos se replanteen sus inversiones en el exterior e, incluso, se lancen a estudiar alternativas para seguir conservando la ciudadanía europea.

Sobre este último respecto, la fuerza de la demanda no ofrece ningún tipo de duda; lo señala Ricardo Bocanegra, presidente de la Federación de Asociaciones de Extranjeros de la Costa del Sol. Mientras en las islas se hace acto de contrición, sus súbditos en Málaga llenan de consultas los despachos de abogados y los ayuntamientos. Su interés, hasta ahora impensable, o cuanto menos no urgente, saber de primera mano qué requisitos han de cumplir para obtener la nacionalidad española.

La avalancha, anota el especialista, está justificada. El abandono unilateral de la Unión Europea deja en el aire algunos de los derechos básicos que protegen a los turistas en sus estancias en el extranjero; entre ellos, las prestaciones sanitarias, que pasarían de una cobertura casi integral a estar a expensas del estatuto posterior que se negocie con España y con el concierto comunitario. De momento, todos son interrogantes. No hay ninguna garantía -en realidad nunca la hubo- de que la salida desemboque en el ingreso del país en algunas de las organizaciones periféricas del proyecto continental como el Espacio Económico Europeo, lo que significa que, como mínimo, el acceso a los servicios públicos en España quedará modificado. Y ese es un riesgo que preocupa, y mucho, a una población, los residentes, que en su mayoría roza ya la edad avanzada.

La motivación de los británicos viene también por las trabas que supondría para su circulación el perder la condición comunitaria. El proceso, en cualquier caso, no es sencillo. Y en la Costa del Sol se multiplican en estos días las respuestas: los británicos que quieran conseguir la nacionalidad están obligados a someterse a unos trámites que incluyen tanto la certificación de la residencia como el dominio del idioma y de la cultura española. «Por ahora la avalancha se ha dado más entre los que hablan español, pero no es de extrañar que se sumen el resto», reseña.

A la preocupación de los residentes, se une también otro efecto inmediato con influencia en los intereses económicos del conjunto de la costa: la ralentización de la compra de viviendas, que, de acuerdo con Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, se prolongará en la medida que continúe la devaluación de la libra. En este caso, las matemáticas tampoco engañan. La debilidad de la moneda, y su actualmente desventajosa relación con el euro, pone en riesgo la capacidad de inversión de los turistas. Y eso no es ningún detalle menor para una provincia, la malagueña, que como sostiene la especialista, apoya el 40 por ciento de sus ventas en el mercado extranjero, con un protagonismo muy claro de los británicos, que adquieren alrededor del 20 por cien de las casas de la Costa del Sol que se venden a ciudadanos de otros países. «Esperemos que se estabilice, porque si no lo notaremos mucho», puntualiza.