Polémica

El Ayuntamiento acota las fosas de San Rafael para evitar nuevos "errores"

El alcalde insiste en su tesis de que hubo un "malentendido" por parte de la asociación de familiares

28.07.2016 | 09:37
Andrés Fernández, ayer, en San Rafael, junto al equipo de topógrafos municipales.

­Un equipo de técnicos municipales, supervisados por el arqueólogo memorialista Andrés Fernández, acudió ayer a mediodía al antiguo cementerio de San Rafael para delimitar el lugar exacto en el que se ubicaron las fosas comunes de los represaliados y evitar que en el futuro se repitan situaciones como la que en los últimos días ha alborotado la vida municipal, con alerta, incluso, de la prensa extranjera, que se hizo eco de que parte de un parque canino habilitado por el Ayuntamiento estaba ocupando por error la superficie en la que fue excavada una de las antiguas tumbas y de la que se extrajeron, entre 2006 y 2009, los restos de más de un millar de personas.

Con la acotación de las fosas, decretada como vía provisional para su preservación, el Ayuntamiento da un paso más hacia la solución acordada el pasado martes con la asociación que representa a los familiares de las víctimas, a los que se prometió, y después de una espinosa polémica, el desmantelamiento y cierre inmediato de la zona del parque para perros que coincide con las fosas, que pasará a integrarse dentro del espacio de especial protección del camposanto.

Una decisión que no ha servido, sin embargo, para disipar la controversia, que siguió ayer con el anuncio de dos mociones urgentes por parte de la oposición -en ambas se pide la dimisión del edil de Urbanismo, Francisco Pomares- y las declaraciones del propio alcalde, Francisco de la Torre, quien volvió a achacar lo sucedido a un malentendido y a un error «no intencionado» por parte de los mimebros del colectivo memorialista.

Según confirmaron el pasado martes tanto los representantes de la Asocación contra el Silencio y el Olvido por la Memoria Histórica como del Ayuntamiento, la instalación del parque canino en el lugar antiguamente ocupado por las fosas se debió en última instancia a que el Consistorio se valió para hacer la delimitación de los planos provisionales enviados por la asociación y no de la memoria final de los trabajos, que también obrababa en su poder y que, por razones que se ignoran y que el edil Pomares relaciona con la burocracia, nunca llegó a la mesa de los técnicos de Urbanismo.

Francisco de la Torre, en cualquier caso, defendió ayer la actuación del equipo municipal, del que dijo tener la certeza de que ha hecho «un buen trabajo». Además, insistió en que el Ayuntamiento ha tenindo «suficientes gestos» que demustran «su sensiblidad» con los represaliados, en clara alusión a la participación financiera en el proyecto de exhumación del camposanto, que fue completado sin fricciones y con la implicación de la administración local, autonómica y estatal.

El futuro de San Rafael volverá a ser hoy objeto de debate en el pleno, donde tanto Málaga para la Gente como el PSOE han anunciado la presentación de iniciativas por la vía urgente. En estas mociones, además de la cabeza política de Pomares, se incluyen peticiones para aclarar lo sucedido y garantizar la protección futura del recinto, que está considerado el mayor campo de exterminio, en cuanto a número de víctimas, del franquismo. Así, la coalición de izquierdas liderada por Eduardo Zorrilla demandará que se mejore la señalización del cementerio y que se continúe con la aplicación de lo exigido por la ley de Memoria HIstórica, que obliga, con poco éxito, de momento, en Málaga, a retirar las calles y símbolos de resonancia franquista y a actuar con especial sentido histórico y social en la asimilación de lugares relacionados con la tortura como la antigua cárcel de la barriada de Humilladero. La moción de los socialistas, por su parte, coincide en pedir que se cumpla con lo acordado y se cree en el cementerio un parque de la memoria. Además, se solicita la apertura de un expediente informativo y remitir la información del caso a la dirección general de la Junta para que estudie posibles responsabilidades.

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